El nuevo decreto ley de emergencia habitacional de las Islas Baleares ya es una realidad. Así lo ha anunciado Marta Vidal, consellera autonómica de Vivienda, Territorio y Movilidad, en la rueda de prensa del Consell de Govern de este lunes. Los Consells insulares podrán, a partir de ahora, precintar cautelarmente no solo los establecimientos turísticos ilegales sino también los alquileres de la misma índole que, según comunicó Vidal, representan el 90% de todos los alquileres vacacionales de la comunidad.
Tan solo el 10% de los alquileres turísticos ejercen su actividad en el marco de la legalidad. Con la entrada en vigor del decreto ley, los organismos insulares podrán aplicar medidas cautelares consistentes en la clausura de viviendas turísticas que se comercialicen de manera ilegal para así conseguir la liberación de inmuebles y permitir su uso para residentes.
Además del aumento de herramientas para luchar contra el intrusismo y las malas praxis, el decreto de emergencia habitacional centra el grueso de su documento en aumentar la oferta de vivienda en las áreas urbanas sin haber de consumir territorio. El Govern apuesta por generar nueva vivienda a precios limitados por la propia administración autonómica, dando lugar a un nuevo tipo de inmueble: la vivienda a precio limitado (VPL).
Pisos a precio limitado
Estas viviendas cuentan con un valor inferior al de mercado. Los pisos que surjan de reformas, como la división de inmuebles ya existentes o la reconversión de un local, tendrán un precio máximo un 10% al de las viviendas de protección oficial (VPO). El precio máximo subirá en los casos de edificios de nueva construcción hasta un 30% más que las VPO.
Las VPL, sin embargo, no son compatibles con todos los habitantes de las islas. Tan solo los residentes en Baleares mayores de edad y que no sean propietarios al 100% de una vivienda pueden comprar este nuevo tipo de inmuebles. Además de esto, los beneficiarios deberán de presentar una declaración de responsabilidad en la que estipule que el VPL se destinará a domicilio habitual y permanente y que el comprador o arrendatario cumple con estos requisitos en un plazo de 30 días desde la formalización del contrato de compra o alquiler del inmueble.
Las condiciones de las VPL restringen su superficie útil a 90 metros cuadrados y, según Vidal, están pensados para facilitar el acceso a la vivienda a «amplios segmentos de la población»: la clase media, la clase trabajadora y los jóvenes. Los inmuebles podrán destinarse al uso propio, a la venta, al alquiler o al alquiler con opción de compra. La condición de precio limitado se mantendrá de forma permanente, independientemente de la cantidad de transmisiones que sufra la vivienda.
Valores estimados
La estimación que se ofrece desde la Conselleria contempla que un piso de precio limitado de entre 60 y 80 metros cuadrados que nazca de la reforma de una vivienda oscile entre los 102.000 y los 241.000 euros. Si el piso es de nueva construcción, su coste aumentaría y se situaría entre los 121.000 y los 285.000 euros. El precio de los alquileres de inmuebles del mismo tamaño variaría entre los 385 y los 905 euros para pisos ya existentes y entre los 455 y los 1.070 euros para los de nueva edificación. La oscilación de los valores dependerá del municipio y de la etiqueta energética.
Para cumplir con el control y la efectividad de las medidas de este decreto, el Govern incorporará un régimen sancionador que complementa el ya previsto en la Ley 5/2018 de Vivienda de Baleares. Las sanciones van de los 60 hasta los 90.000 euros dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas en materia de las viviendas de precios limitados.
El decreto ley prevé varias maneras de aumentar la oferta habitacional dentro de su objetivo de no consumir territorio. Se ofrece la posibilidad de aumentar la altura de los edificios ya construidos, así como de los que hay por construir, convirtiendo en VPL los pisos obtenidos. Lo mismo ocurre en el caso de dividir inmuebles ya existentes: los domicilios adicionales que se obtengan deberán ser de precio limitado, si bien los anteriores, los ya previstos, quedarán fuera de esta consideración. También se alienta a la reconversión de locales en VPL para residentes.
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad crea, asimismo, la figura del coliving: pisos con espacios comunes, parecidos a las residencias. Se trata de un formato habitacional que Vidal cree que tendrá gran impacto en zonas como las Pitiusas para jóvenes y mayores, además de para colectivos profesionales como los sanitarios o los profesores. Estos inmuebles tendrán precios más bajos y asequibles que los demás.
El Govern también prevé la utilización de los terrenos para equipamientos públicos y privados que no estén desarrollado. En el caso de los públicos, el decreto permitirá la construcción de viviendas de protección oficial mientras que en los privados la vivienda será de precio limitado. En este aspecto, el decreto contempla la cesión de solares públicos a la iniciativa privada para crear VPO con un plazo de concesión para su alquiler de 50 a 75 años.
Los edificios todavía en obras, inacabados, abandonados o con licencia caducada podrán transformarse en VPL. Asimismo, los inmuebles que cumplan con las condiciones de la vivienda a precio limitado al margen de la situación urbanística de la legislación balear podrán obtener la licencia de habitabilidad, lo que no significa que el Govern dé licencia a edificaciones ilegales, según incidió Vidal.
Ibiza aplaude el decreto
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha explicado este lunes que el decreto de emergencia habitacional del Govern tendrá una especial incidencia en la isla pues, ha recordado, el principal problema de la vivienda en Ibiza es el del trasvase de pisos del mercado residencial al del alquiler turístico ilegal. En este sentido, Marí ha señalado que las nuevas medidas autonómicas permitirán a los ayuntamientos realizar acciones «disuasorias que impidan que los pisos puedan comercializarse ilegalmente». «Las viviendas residenciales deben ser morada de personas, trabajadores o residentes», ha subrayado el presidente insular, «no se pueden comercializar de forma ilegal».
Marí ha explicado que el departamento de Lucha contra el Intrusismo tiene actualmente abiertos «muchos expedientes» por este problema y que, una vez que entre en vigor la medida de poder precintar los pisos, se les aplicará en los casos que corresponda. El presidente, además, ha advertido de que este precinto es el primer paso para que estos pisos puedan «acabar clausurados». «El propietario tiene que ver que, si persiste en su voluntad de alquilar ilegalmente, además de la multa, se le clausurará el piso», ha añadido, «esto ha de tener un efecto disuasorio».
El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, ha señalado, por su parte, que si, a pesar del precinto del inmueble, el propietario mantiene la actividad ilegal, «se abrirá una nueva fase que es la de la desobediencia». Y ha recordado que, en este caso, el responsable estará cometiendo un delito dentro del ámbito penal. «Eso ya es delito», ha subrayado, «y ahí entramos en otra liga. Ya no sería una medida administrativa sino que sería la Fiscalía la que entrase a perseguir este incumplimiento».