La consellera de Família i Afers Socials, Catalina Cirer, ha sacado a luz ciertas irregularidades de la anterior titular del departamento, Fina Santiago, en la distribución de la Renta Social Garantizada de Baleares (Resoga), una prestación periódica dirigida a cubrir las situaciones de vulnerabilidad social.
Las primeras investigaciones de la auditoría que anunció el pasado mes de septiembre de 2023 en la gestión del Pacte en el reparto de esta ayuda social han detectado que un 20 % de las personas perceptoras de esta ayuda estaban dadas de alta en la Seguridad Social, por lo tanto estaban trabajando mientras se beneficiaban de la Resoga.
Tras la llegada de Catalina Cirer en la conselleria como máxima responsable, lo primero que quiso hacer fue comprobar la gestión y el reparto de los casi 30 millones de euros que se destinan a la Resoga. En enero de 2023, todavía con el Govern del Pacte, 3.387 personas fueron perceptores de estas ayudas. El año acabó, ya con la gestión del Partido Popular, con 2.753 beneficiarios.
Sin embargo, Cirer ha explicado este miércoles en rueda de prensa que «la evolución de los perceptores durante todo el año ha ido subiendo hasta marzo, pero se produjo una bajada entre junio y julio. En junio había 3.332 beneficiarios, mientras que en julio 2.842. Es decir, 490 personas menos». Este hecho hizo activar las alarmas entre el nuevo equipo del departamento, que hacía menos de un mes que había llegado a la Conselleria. «Nos sorprendió esa disminución, primero porque no teníamos un desconocimiento global de cómo funcionaba esta institución y, segundo, porque esto no había pasado en otros años», ha matizado la consellera.
Así fue como anunció al poco en el Parlament balear que llevarían a cabo una auditoría interna para saber la gestión de la Resoga, una investigación que todavía sigue en marcha y no tendrán todos los resultados concluidos hasta dentro de unos meses, según ha dicho la propia consellera.
Cruce de datos con la tesorería
El cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social permite saber si un beneficiario ha tenido acceso a un trabajo y, por tanto, dejaría de percibir esta ayuda. Esto ha hecho que el PP detectara este 20 % de personas que cobraban la Resoga mientras trabajaban, porque el cruce comenzó justo en momento del cambio de Govern, no antes. En términos económicos, unos 400.000 euros mensuales de ingresos han sido percibidos indebidamente por perceptores de la Resoga.
Otro punto que ha desvelado la Conselleria es que el anterior Govern no cumplió con la normativa del artículo 32 que establece revisiones anuales de todos los expedientes para comprobar que se mantienen las condiciones y derechos adecuados entre los perceptores. Esto también podría haber afectado a la regularidad de la distribución -el beneficiario tiene la obligación de avisar si cambia de domicilio, si varía el número de convivientes en un hogar familiar, etc; pero la Conselleria es la responsable de realizar estas revisiones para comprobar dichos cambios en caso de que una persona no lo comunique-.
Hasta que finalice la auditoría, la consellera Catalina Cirer ha propuesto la reestructuración del departamento para que los equipos se dediquen, de forma acentuada, a revistar estos pagos indebidos. También mejorará los programas de cruzamiento de datos con la Seguridad Social y reactivará la comisión técnica de la Resoga durante estos meses.
Família i Afers Socials cuenta con 38,7 millones en concepto de prestaciones. La Resoga asume cerca de 30 millones anuales y es una de las ayudas 'estrella' que creó el anterior Govern en 2016 y que beneficia «de forma ininterrumpida» a las personas más vulnerables. Es decir, que una persona puede cobrar la Resoga durante años si su situación no cambia o mejora.
En todo caso, una vez desveladas todas las irregularidades en cuanto al cobro de esta prestación, los beneficiarios que se han aprovechado de la ayuda deberán pagar dicho importe indebido, según ha resaltado Cirer.