La presidenta del Govern, Marga Prohens, denunció este jueves que las consellerías y las empresas públicas acumulan en sus cajones miles de expedientes que no se tramitan por el exceso de papeleo y de burocracia de la propia Administración. Prohens detalló que, cuando accedió al Govern, los consellers se encontraron con 13.000 expedientes para ayudas en renovables, más de 4.000 en recursos hídricos y más de 6.000, en el departamento de Medi Ambient, algunos ya prescritos. «Pueden tardar años en ser resueltos y eso crea indefensión al ciudadano», dijo.
Para acabar con esta situación, el Govern ha puesto en marcha una comisión que analizará toda la normativa vigente para determinar qué trámites son realmente necesarios. «No puede ser que la Administración sea un problema y un obstáculo que afecta a la competitividad de todos los sectores», señaló.
Lo cuestionarán todo
«Esta comisión lo cuestionará todo; cuestionará todos los trámites y nos preguntaremos si los informes que se piden son necesarios o responden al ego excesivo de cada administración», añadió. Prohens aseguró que el Govern quiere acabar con los «excesos regulatorios» y afirmó que la propuesta requiere «valentía política», pero también precisó que los ciudadanos votaron al PP «porque querían más libertad».
Prohens insistió en que una de las principales quejas de los ciudadanos es la excesiva burocracia y, para combatirla, anunció que en el primer trimestre del año estará listo este decreto de simplificación administrativa que se acaba de anunciar.
La presidenta opinó que las administraciones han hecho un «excesivo intervencionismo con la voluntad de controlarlo todo» y consideró que el Govern tiene la obligación de proteger la libertad individual y la libertad de empresa.
Una situación «absurda»
Prohens calificó de «absurdo» que los ciudadanos y los empresarios se encuentren con exigencias de informes de distintas administraciones que complican sobremanera la tramitación de los expedientes, con un ojo puesto en los urbanísticos.
«Quiero dar más poder a los ayuntamientos para que resuelvan más expedientes, pero para eso hay que quitar trámites y burocracia y ver si todo lo que nos han dicho que es preceptivo lo es de verdad», aseguró. La presidenta calificó de «insulto» el tiempo que se maneja desde las distintas administraciones para resolver expedientes y, como ejemplo, citó la isla de Formentera, donde pueden pasar entre cinco y seis años desde que comienza la tramitación hasta que concluye. «Estoy segura de conseguiremos agilizar esos procesos y será un alivio para la construcción de nuevas viviendas», aseguró la presidenta en el anuncio de esta nuevo decreto.