El expediente para reclamar el dinero del cobrecoste de 2,6 millones de euros de las mascarillas no se inició hasta que Marga Prohens era presidenta del Govern, el 10 de agosto del año pasado. Hacía dos meses que el Pacte había perdido las elecciones y apenas un mes desde que el subdirector de Compras y Logística del IB-Salut había emitido el informe con la propuesta de resolución parcial del contrato de emergencia por defectos en las mascarillas que se habían comprado a la empresa del ‘caso Koldo', investigada por un supuesto caso de corrupción.
El PSIB sostiene que antes de las elecciones, el 20 de marzo, ya hay un primer informe del IB-Salut que aconseja resolver el contrato con la empresa. A pesar de ello, la documentación acredita que la resolución no se firmó hasta el 6 de julio, precisamente el mismo día en que Marga Prohens era elegida presidenta por el Parlament balear. Una vez que Prohens está en el Consolat, comienza a tramitarse el expediente de resolución del contrato, el 10 de agosto del año pasado.
Viaje a Palma de la empresa
A raíz de la apertura del expediente en esa fecha, el 17 de octubre se inicia el trámite de audiencia a la empresa y tres días más tarde el IB-Salut recibe a un representante de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas que pide que se amplíe este plazo de audiencia hasta el 4 de noviembre. Mientras tanto, la empresa envía a dos empleados a Palma el 25 de octubre, que se personan en la Central de Compras y Logística para examinar la mercancía. Hasta la fecha, el Govern no ha recibido alegaciones de la empresa.
A las investigaciones judiciales por este caso se suma la exigencia de responsabilidades políticas, tanto en Balears como en Madrid. El PP ha lanzado una ofensiva de preguntas en el Congreso sobre este asunto que van dirigidas a conocer el PP del Gobierno de Pedro Sánchez, pero que algunas de ellas señalan a las implicaciones de la trama en Baleares. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya ha apuntado la posibilidad de exigir la creación de una comisión de investigación, también en Balears, algo que ya ha pedido Vox de manera explícita.
Además, y en esta línea, el diputado del PP Pedro Muñoz ha presentado una pregunta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el siguiente enunciado: «¿Cuál es la vinculación entre su Gobierno y los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en la trama corrupta de compra de mascarillas?».
Que va, es de los tuyos. Es militante del PSOE de Vila. Es su nueva estrategia para desprestigiar a este medio a sueldo del PP.