Las últimas sentencias del Tribunal Supremo contra las restricciones al sector del Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), han envalentonado a la patronal estatal, que exige al Govern balear rectificar una normativa autonómica que «atenta contra nuestros derechos y contra el interés general de los usuarios».
José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC, señala que «la justicia nos está dando la razón» y que «todo esto sirve para que el Govern tome buena nota», a pesar de que la ley balear sigue inmersa en su propio proceso judicial y pendiente de ser validada o refutada por el Tribunal Constitucional.
El Supremo ha ratificado una sentencia previa que anulaba la obligación de contratar el servicio con un mínimo de 30 minutos de antelación. Se trata de una ratificación ya emitida previamente sobre una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dejaba sin efecto varios artículos del decreto vasco, entre ellos el de la contratación anticipada, la cual, considera el texto, «constituye una limitación muy notable para el ejercicio de esta actividad empresarial, que el cliente busca la prestación este tipo de servicios en el plazo más breve y por el precio más ventajoso posible».
Asimismo, esta misma semana el TS ha confirmado también la nulidad de varios artículos de la ordenanza municipal reguladora de las VTC aprobada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2020 y que considera discriminatorios, entre ellos la precontratación del servicio. Una sentencia en la línea de la emitida en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Por lo pronto, el Govern no se siente interpelado por estos pronunciamientos del TS, los cuales «no suponen ninguna novedad» con respecto a los emitidos anteriormente por este mismo órgano judicial. Así lo expresaba ayer la directora de Mobilitat del Govern, Lorena del Valle, quien recordaba que la normativa anulada en el País Vasco tenía rango de decreto, no de decreto ley como la balear, la cual en cualquier caso está a la espera de ser valorada por el Tribunal Constitucional (que, a diferencia del Supremo, sí puede pronunciarse sobre un texto con rango de ley). «No hay ninguna novedad: el decreto ley 1/2019 aprobado por el anterior Govern establecía la obligación de precontratar con 30 minutos de antelación y es una normativa pendiente de una sentencia del TC». La nueva ley del taxi que aprobó el Govern de Marga Prohens no ha hecho ningún cambio al respecto «porque ya se dijo que se esperaría al Constitucional».
Una valoración casi idéntica hace el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, Gabriel Moragues. «Estas sentencias no afectan en nada a Balears hasta que no se pronuncie el Constitucional, que no tiene por qué hacerlo en la misma línea que el Supremo».
Desde Unauto-VTC, Berzal considera justo lo contrario: que estas sentencias generan jurisprudencia y reafirman y refuerzan la legitimidad de sus reivindicaciones. «Sí que deberían sentirse interpelados por pronunciamientos como estos: están a tiempo de rectificar sin tener que esperar a lo que diga el Constitucional».
EivissencYa saltó el erudito, vete a cagar anda.