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Baleares es de las regiones que menos recursos destina por persona a Servicios Sociales

El conjunto de administraciones de las Islas destinó en 2022 un total de 472,21 euros por habitante a estos servicios

Foto de recurso de una persona en silla de ruedas. | Europa Press

| Palma |

El conjunto de administraciones de Baleares (Govern, consells insulares y entidades locales) destinaron en 2022 un total de 472,21 euros por habitante a Servicios Sociales, lo que supone casi 40 euros menos que la media nacional (512 euros), y situar al archipiélago como la decimotercera región en gasto en este área por habitante.

Son datos del Índice DEC de Desarrollo de los Servicios Sociales que ha publicado recientemente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que en el caso del archipiélago muestra una tendencia decreciente en los últimos años en el desarrollo de su sistema de Servicios Sociales tras una mejora sostenida entre 2012 y 2021, hasta lograr en 2023 una nota media de 4,86 puntos y la undécima posición en el conjunto del país.

El Índice tiene en cuenta para otorgar sus puntuaciones tres aspectos en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales como los 'derechos y decisión política', 'relevancia económica' y 'cobertura de servicios'.

La asociación advierte que en el caso balear el retroceso es especialmente notorio en materia de relevancia económica, sobre todo en 2022, aunque sí señalan que las Islas destacan en cobertura de atención a la dependencia, acogidas familiares para menores, servicios para personas con discapacidad y en plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

El informe recoge que el archipiélago mantiene un elevado nivel en cuanto a definición y ordenación del Sistema, teniendo en cuenta legislación, desarrollo normativo, planificación e integración, que le lleva a mantener la Excelencia en este apartado desde 2015.

RELEVANCIA ECONÓMICA

El índice DEC señala, sin embargo, que Baleares está por debajo de la media estatal en los tres indicadores de relevancia económica, lo que expresa claramente el deterioro en esta materia.

En gasto por habitante y año, las Administraciones Públicas de Baleares (Comunidad, consells y ayuntamientos) ni siquiera incrementaron en un euro el gasto por habitante en 2022 (472,2 euros) respecto al año anterior (471,3 euros). La media estatal en 2022 fue de 512,0 euros.

El porcentaje que representa este gasto en servicios sociales sobre el presupuesto total de las Administraciones Públicas aumentó 0,37 puntos en 2022 (8,68%) respecto a 2021 (8,31%), pero sigue por debajo de la media estatal, que fue en 2022 10,24%.

Siguiendo el informe, Baleares ha reducido de manera significativa el porcentaje que representa este gasto de sus Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB del territorio, pasando del 2,08% en 2020 al 1,83% en 2021 y al 1,57% en 2022, es decir, una reducción de 0,51 puntos porcentuales sobre el PIB en tres años. Con ello se sitúa muy por debajo de la media estatal, que en 2022 fue el 1,81%.

El índice explica que el peso que tienen los presupuestos de las entidades locales y los de la Comunidad Autónoma sobre el gasto total en servicios sociales en Baleares es muy diferente a la media estatal, con una prevalencia del presupuesto de las entidades locales que representa la mitad de este gasto (49,7%), correspondiendo el otro 50,3% al presupuesto de la Comunidad, mientras que la media estatal es el 27,3% y el 72,7% respectivamente.

El protagonismo de los consells insulares es el factor que explica esta diferencia del archipiélago con la media estatal.

BALEARES DESTACA EN ACOGIDA

Según el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Baleares destaca positivamente en cobertura de atención a la dependencia, acogidas familiares para menores, servicios para personas con discapacidad y en plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el índice apunta que los principales déficits de Baleares en materia de servicios sociales son servicio de ayuda a domicilio, plazas residenciales de financiación pública, rentas mínimas de inserción y personas sin hogar.

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