El PP «no descarta nada» para tratar de frenar la «avalancha» del fenómeno de la inmigración ilegal desde Argelia hacia las Islas Baleres y, en este contexto, estudiará la propuesta de Vox de que se realicen pruebas dentales para comprobar la edad real de los menores no acompañados que llegan a las islas.
En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que se necesario estudiar todas las propuestas con «rigurosidad» para «hacer frente a este problema» porque es «evidente que hay que afrontarlo».
Sagreras ha señalado que únicamente su partido y Vox han constatado y reconocido que la inmigración ilegal es un problema real en las Islas Baleares y ha considerado que los partidos de izquierdas no deberían mirar hacia otro lado, sino afrontarlo.
El diputado popular ha recordado que las políticas de inmigración dependen exclusivamente del Estado y, por ello, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez soluciones urgentes para evitar que Baleares termine con unos niveles de inmigración ilegal similares a los de Canarias.
En este contexto ha comentado que cada vez que hace buen tiempo se registra la llegada de pateras a Baleares y que la inmigración ilegal y la falta de vivienda son, a día de hoy, los principales problemas de Baleares.
Además, Sagreras ha dicho que la comunidad balear no puede aceptar más repartos de menores por parte del Gobierno central porque ya tiene suficientes para atender de los que llegan a las islas cada semana.
Por su parte, Podemos ha calificado este lunes de «nauseabunda» la propuesta de Vox, que el PP estudiará, de someter a menores migrantes a pruebas dentales para determinar su edad, asegurando que este tipo de prácticas son ilegales según la legislación española e internacional en materia de protección infantil.
En un comunicado, la formación morada ha señalado que este tipo de intervenciones «contravienen los derechos humanos básicos y están explícitamente prohibidas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia», aprobada en junio de 2021.
La coordinadora balear del partido, Lucía Muñoz, ha recordado que esta normativa prohíbe someter a menores a pruebas médicas invasivas como desnudos integrales o exploraciones genitales y exige que cualquier procedimiento esté respaldado por el consentimiento informado del afectado, se realice con respeto a su dignidad y no suponga un riesgo para su salud.