La Delegación del Gobierno ha recordado este lunes que la aplicación de técnicas médicas para determinar la minoría de edad de una persona migrante es un procedimiento que depende de la instrucción del Ministerio Fiscal y que se reserva única y exclusivamente para aquellos casos en los que sea necesario certificar este aspecto y no exista otra vía documental. El protocolo contempla pruebas mínimamente invasivas y proporcionadas, que deben respetar la integridad de la persona, tal y como establece la normativa en materia de protección jurídica de los menores. Además, en ningún caso se podrá imponer la realización de las mismas en contra de la voluntad del menor.
El delegado, Alfonso Rodríguez Badal, ha reclamado «que se deje de utilizar a los menores no acompañados para asegurar o justificar apoyos políticos a los presupuestos»; «situar a estas personas en el centro del debate político pone en riesgo su dignidad, más aún cuando se trata de personas con un perfil social vulnerable, que requieren políticas y actuaciones solidarias por parte de los poderes públicos». Rodríguez Badal ha recordado que el objetivo principal de las instituciones responsables de la tutela de menores es asegurar la protección de este colectivo vulnerable y cumplir con las competencias que les han sido asignadas.
VOX !!!