Los propietarios de yates privados ya pueden explotar su embarcación económicamente en régimen de alquiler hasta tres meses al año en toda España. El Gobierno central ya sacó en exposición, en enero de 2024, un decreto que modifica la normativa de Marina Mercante en el país abriendo la posibilidad del uso mixto comercial y privado, idéntico al que permite el alquiler turístico en Baleares
La medida, según informa Última Hora, ha entrado en vigor este martes y las empresas de chárter de las islas llevan tiempo advirtiendo de un «efecto llamada» del decreto. «Cada día contactan con nosotros particulares que quieren sacar rendimiento económico de las barcas que tienen en propiedad y se ha disparado la oferta ilegal», explicaba hace dos meses uno de los empresarios a Ultima Hora.
El texto establecía los requisitos que deben cumplir los propietarios para poder tener una autorización de uso mixto, pero el Ministerio de Transportes está tramitando ahora un nuevo real decreto que establezcan condiciones específicas y su aprobación será después del 15 de agosto.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha regulado la resolución provisionalmente en el BOE este martes mientras se aprueba el real decreto, en el que se establecen las exigencias que tendrán que cumplir los propietarios hasta la publicación del texto definitivo a mediados del mes que viene. «La adopción de esta medidas va más allá de la autorización del despacho para el cambio de uso de buques y embarcaciones de recreo, ya que tiene como finalidad asegurar que esta actividad no comprometa ni la seguridad marítima ni la necesaria prevención de la contaminación del medio ambiente marino», afirma el BOE.
La Dirección General de Marina Mercante establece que «durante el periodo de uso comercial, el buque o embarcación de recreo deberá estar gestionado por una empresa dedicada al arrendamiento náutico o en su caso, con capacidad para asumir las responsabilidades que establece la resolución y que tenga por objeto social esta actividad».
Las embarcación tendrá que tener «un seguro de responsabilidad civil y de seguro de accidentes que cubra los riesgos de lesiones corporales que produzcan invalidez temporal o permanente o muerte de las personas a bordo», según Última Hora. Además, estos estarán obligados a tener certificados en vigor y un informe favorable de la Entidad Colaboradora de Inspección.
El cambio de uso, según el Gobierno central, tendrá que hacerse por parte de la empresa y la petición se tramitará a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Una vez autorizado, la empresa solicitará el despacho de la embarcación acreditando que cumple los requisitos. La autorización se concederá por un periodo máximo de tres meses consecutivos al año y tendrá una vigencia total de cinco años.
En el caso de que la gestión de la embarcación no se lleve por parte de una empresa de arrendamiento náutico, según Última Hora, «el arrendatario tendrá que contratar al patrón y si es necesario a los demás miembros de la tripulación». El propietario de la embarcación o personas relacionadas con el mismo, en ningún caso, podrán prestar servicios a bordo durante el periodo de cambio temporal salvo que tenga un título profesional y que esté enrolado de forma permanente. Todas las embarcaciones deberán mostrar las letras CT en ambas amuras, permitiendo así su fácil identificación.
Según Última Hora, el alquiler turístico podría tener los días contados en Baleares, a pesar del cambio del Gobierno, puesto que el Govern quiere prohibir esta actividad en la normativa autonómica que entrará en vigor previsiblemente tras el verano. El decreto autonómico también prohíbe la actividad chárter de cualquier embarcación que no disponga de un lugar en el que embarcar y desembarcar su pasaje.
«Coincidiendo con el auge exponencial que tienen las actividades de alquiler náutico, que han proliferado especialmente después de la pandemia, el Estado decidió autorizar que se puedan llevar embarcaciones de menos de cinco metros de eslora sin titulación y que los particulares puedan alquilar sus barcas tres meses al año contribuyendo a la especulación del dominio público y puede crear situaciones de riesgo», expresó el director general de Transporte Marítimo de Baleares, Toni Mercant.