La tensión entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el Govern balear no baja. La avalancha de inmigrantes irregulares que llegan a las islas a bordo de pateras y, sobre todo, la obligación de los consells de hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en el motivo de un enfrentamiento no exento ya de insultos. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha llegado a acusar al Govern presidido por Marga Prohens de «racismo» y la presidenta balear ha respondido este miércoles desde Ibiza: «No ha levantado el teléfono para saber cómo están los centros de acogida o si podemos recibir a menores de otras comunidades». Prohens ha ido más allá y ha acusado al Ejecutivo nacional de estar «beneficiando a las mafias» que trafican con seres humanos en el Mediterráneo.
Muy molesta se ha mostrado también la presidenta por la amenaza del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de enviar a los cuerpos y fuerzas de seguridad contra aquellas comunidades autónomas que se nieguen a recibir a los menas procedentes de Canarias y cuyo reparto ha sido regulado mediante un Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. En este sentido, el Gobierno eleva el tono y avisa que si alguna región se niega a acoger a menores migrantes no acompañados del reparto canario «intervendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad» del Estado para que «se cumpla la legislación».
Así lo advirtió este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien dijo que «no me cabe en la cabeza que alguien vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela».
«Esto es ley. No deberíamos decirlo, pero si es una ley, estamos obligados a cumplirla. Por supuesto que –las comunidades– pueden acudir al Tribunal Constitucional o al Supremo, ya lo han hecho, pero no me cabe en la cabeza que no vayan a cumplirla», insistió.
Torres explicó que si un menor no acompañado es derivado a otra región, lo acoge una ONG, se le asigna una plaza y «se le pone pegas por parte de una autoridad determinada, esa autoridad estaría incumpliendo la ley», lo que se tendría que notificar «a las autoridades respectivas, Fiscalía y otras, para que actúen en consecuencia».
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la «absoluta transparencia» de los criterios para el reparto, criterios que han cuestionado muchas comunidades entre ellas Baleares. Además, coincidiendo con Torres también avisó de que habrá «consecuencias legales» para las comunidades que se nieguen a la acogida solidaria.
La presidenta Marga Prohens no tardó en contestar visiblemente molesta. «Dice que enviará a los cuerpos y fuerzas de seguridad», respondió Marga Prohens, «¿a qué? Que se dejen de matonismo y amenazas y que se pongan a trabajar ya con las comunidades autónomas».
La presidenta autonómica insistió en que la capacidad de acogida de menas de los consells insulares está ya sobrepasada y subrayó que las instituciones de las Islas están asumiendo esta tarea sin ningún respaldo, ni material ni económico, del Gobierno central. De ahí que destacara que el Govern presentará ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que regula este reparto en el que, entre otras cuestiones, se exigirá la suspensión cautelar del mismo. A juicio de la presidenta, este reparto es «inhumano» y demuestra «una falta absoluta de sensibilidad» por parte del Gobierno de Sánchez y de la ministra de Infancia y Juventud.
«Son niños, no paquetes de Amazon», advirtió Prohens y recordó que ahora mismo Baleares carece de capacidad para poder atender a los menas que sean trasladados desde Canarias hasta este archipiélago. «Baleares son islas abiertas y acogedoras», según apuntó, «pero el drama es que no podemos ejecutar la acogida en condiciones de dignidad». Por ello, la comunidad autónoma tiene «el derecho de recurrir a todas las vías legales» para evitar que la situación se agrave. Y más teniendo en cuenta que Cataluña y País Vasco han quedado fuera de este reparto porque los separatistas de ambos territorios son socios del PSOE en el Gobierno. «A ellos no se les llama ni insolidarios ni racistas», destacó Prohens, «como sí se nos llama a nosotros. Estamos hablando de niños que necesitan techo, profesores, atención médica, cosas que merece cualquier niño independientemente de su procedencia».
Pateras de vuelta, no hay otra opción, quien no este de acuerdo que se los lleve a su casa y los mantengan ellos