El que fuera presidente del Consell de Formentera entre 2007 y 2019, Jaume Ferrer, ha defendido sus actuaciones en relación a la demolición de un centro comercial levantado en Ca ses Castellones, en el núcleo de Sant Ferran, y ha asegurado que los sucesivos recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) que en 2009 ordenaba el derribo se hicieron única y exclusivamente para evitar "graves perjuicios" sobre las arcas públicas de la institución insular.
Ha sido en la última sesión del juicio que se sigue contra Ferrer, el exconseller de Territorio Bartomeu Escandell y otros representantes insulares en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Ferrer ha evitado responder a la acusación popular, que le acusa por su parte de favorecer intereses privados en la construcción de unas rondas en Sant Francesc y en Es Pujols. Así, sólo ha respondido al fiscal y a su defensa.
El expresidente insular ha asegurado que ninguna actuación tuvo la intención deliberada de desobedecer una sentencia judicial y ha insistido en que, siempre con el aval de los técnicos del Consell de Formentera, el objetivo era evitar daños sobre unas arcas públicas ya maltrechas. Según ha explicado, la institución insular no podría haber hecho frente a una responsabilidad patrimonial en un contexto de grave crisis económica.
Respecto a un acuerdo de pleno para redelimitar los conjuntos BIC y que dejaba fuera del ámbito de protección la construcción comercial levantada sobre Ca ses Castellones, ha señalado que se trataba de una revisión de todos los conjuntos BIC de la isla y no únicamente para ese caso en concreto.