El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso presentado por formaciones políticas de izquierdas y colectivos sociales de Baleares contra el decreto ley sobre actuaciones urgentes para la obtención de suelo destinado a proyectos residenciales estratégicos. La decisión, adoptada por el pleno, implica que el Govern balear dispone ahora de quince días para personarse en el proceso y remitir las alegaciones que considere apropiadas.
Según fuentes jurídicas, el recurso presentado a mitad de octubre de 2024 fue impulsado por diputados de PSOE, Sumar, MÉS y Podemos en el Congreso, a instancias de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, junto con miembros del GOB, CCOO, Fòrum de la Societat Civil y la Obra Cultural Balear. Los recurrentes consideran que la nueva normativa supone una «amenaza territorial» y se salta los «planeamientos urbanísticos municipales».
Controversia
El decreto permite la construcción de viviendas en suelo rústico sin servicios previos en municipios superiores a veinte mil habitantes, así como en suelo urbano y urbanizable de más de diez mil. Los impulsares advierten: «Estos proyectos urbanísticos pueden modificar las condiciones establecidas a los planeamientos municipales vigentes, incrementan la densidad residencial máxima prevista y pueden tener un mayor coeficiente de edificabilidad». Además, subrayan que «esto puede implicar que se ignoren necesidades de proveer aparcamiento, dotaciones de abastecimiento y otros aspectos básicos en el urbanismo».
Alegaciones
Los recurrentes denuncian que la norma lleva a una desregulación urbanística y territorial, planteando el riesgo de «amnistías masivas» a quienes infringen la ley y favoreciendo procesos de «especulación». Otro de los argumentos expuestos se refiere a la «desigualdad jurídica» que, señalan, genera el otorgamiento de derechos mediante «silencio administrativo», una práctica que, en su opinión, «incumple leyes estatales».
También se pone en duda la sostenibilidad ambiental de la ley, ya que permite crecimientos urbanos en suelo rústico sin agotar los terrenos urbanizables. Los firmantes apuntan a que «esto iría en contra de la sostenibilidad ambiental recogida en la Constitución y conduce a la especulación con el suelo». Desde el punto de vista jurídico, argumentan que la legislación balear «vulnera el principio de seguridad jurídica y altera la jerarquía normativa al emplear el mecanismo de decreto y el régimen de excepción para modificar repentinamente los planeamientos urbanísticos y el suelo rústico».
Por último, los impulsores del recurso afirman que la aplicación de la ley afecta a la autonomía municipal e insular al imponer «mecanismos que desdibujan la competencia de consistorios y Consells en favor de intervenciones externas y proyectos estratégicos decididos al nivel autonómico». El Tribunal Constitucional deberá analizar ahora las alegaciones del Govern balear antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto.