UGT Servicios Públicos ha hecho pública la preocupante situación que atraviesan las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las Islas Baleares. Fernando Martorell, secretario de Administración General del Estado (AGE) de UGT, ha declarado que «así no se puede trabajar», aludiendo a los múltiples problemas que afectan tanto a los empleados como a la ciudadanía.
La coyuntura se ha vuelto insostenible tras casi un año de mal funcionamiento de la aplicación ALMA, aún sin desarrollo completo. A esto se suman otras herramientas informáticas lentas o inoperativas, comunicaciones estancadas, un incremento de citas presenciales y una constante pérdida de personal, dejando al SEPE con un 40% de puestos vacantes. La presión de usuarios y gestores, centrada en cifras, está causando un perjuicio considerable a la población balear.
Esta sobrecarga laboral impacta severamente en la salud de la plantilla del SEPE, generando niveles de estrés y afectación del bienestar mental sin precedentes. El perjuicio no solo recae en los trabajadores, sino también en los usuarios, quienes sufren demoras en trámites esenciales como el procesamiento de prestaciones por desempleo.
Las oficinas se encuentran colapsadas, con pagos demorados y un impacto significativo en la salud del personal. Aunque esta problemática es de índole nacional, se agudiza en las Islas Baleares por la escasez crónica de empleados públicos. La situación se intensifica al tener que gestionar las solicitudes de cerca de 200.000 fijos discontinuos que han finalizado la temporada turística.
La falta de personal en la AGE en Illes Balears obedece a factores como los precios de la vivienda, los más altos del país, productos básicos entre un 15% y un 20% más caros que la media nacional, y un carburante un 7% superior. A ello se suman las desventajas insulares en transporte, comunicaciones y desarrollo profesional. Además, el crecimiento poblacional de más de 200.000 habitantes en los últimos 15 años, con previsiones de aumento, implica una menor dotación de empleados para una mayor población.
UGT Servicios Públicos exige al Gobierno la adopción de medidas urgentes: un aumento inmediato de la plantilla, inversiones en sistemas informáticos eficientes y una revisión de los objetivos de gestión para priorizar la calidad del servicio sobre las métricas cuantitativas. Solo así, afirman, se garantizará un SEPE funcional y sostenible para todos.