Los profesionales de los equipos de atención temprana (EAP), aquellos que se dedican a ayuda a las familias con niños que tienen dificultades o presentar trastornos, se han opuesto a los cambios de horarios propuestos por la Conselleria de Educación y Universidades al considerar que «ponen en riesgo la calidad de la atención educativa».
Los trabajadores, en un comunicado, han alegado que las nuevas condiciones horarios obstaculizarían la atención de estas familias y, por lo tanto, limitarían el tiempo que les pueden dedicar a cada una de ellas.
Pese a que la ley establece que las tutoras son las responsables de la inclusión y de brindar una respuesta educativa adecuada a los niños con dificultades y la de los EAP orientarlas, han subrayado, el borrador de resolución de las instrucciones presentadas por Educación «pone trabas» a su función y desplaza el asesoramiento a «horarios imposibles».
Los profesionales han apuntado hacia al conseller de Educación, Antoni Vera, a quien han acusado de «estresar la red de apoyos educativos a las familias y a las 'escoletes' promoviendo una norma que no aporta soluciones y sí aumenta las dificultades».
«En educación pasa como en sanidad, son necesarias evaluaciones e investigaciones para tomar decisiones importantes para justificar el problema que se aborda y la oportunidad de las medidas que se adoptan. Las decisiones sin evidencias suenan a ideología», han recriminado.
Los trabajadores de los EAP han lamentado que pese al aumento de los trastornos en el desarrollo, en los últimos años se ha incrementado el número de niños que cada uno de ellos debe atender.
En 2020, por ejemplo, eran un centenar de usuarios por profesional que ahora, sin embargo, ha ascendido hasta los 109. Esto se debe, han señalado, a que se ha reducido el personal de atención temprana en proporción a la de niños escolarizados en la primera etapa de educación infantil.
«Por un lado, los niños de entre cero y tres años con necesidades especiales o dificultades significativas recibirán menos apoyo y sus familias no tendrán seguimiento, o lo tendrán de forma muy ocasional. Por lo tanto, la esperanza de mejora baja mucho. Se acercan tiempos muy difíciles para estos niños», han advertido.
No respeta el marco normativo
Los profesionales de los EAP han elaborado un documento dirigido a la Inspección Educativa en el que realizan un análisis técnico sobre la conformidad jurídica de la nueva instrucción.
En él, exponen que el documento elaborado por Educación no respeta el marco normativo vigente porque no tiene el rango legal suficiente como para modificar, suspender o derogar una orden vigente, en este caso la relativa a la jornada de 37,5 horas.
Además, señalan que la instrucción introduce conceptos como «horas lectivas de coordinación» que no están recogidas en la normativa vigente, que solo entiende de «horas lectivas», aquellas destinadas a la atención directa de centros, alumnos y familias, y «horas no lectivas complementarias», empleadas para tareas de coordinación interna, revisión de expedientes, planificación o reuniones de equipo.
También ponen de manifiesto que pese a que la citada orden reconoce la «autonomía pedagógica, administrativa y económica» de los EAP, la instrucción, al regular de manera «detallada y rígida» de la organización horaria «limita de facto esta autonomía».
«La reestructuración horaria dificulta la intervención directa con niños y familias, la coordinación interprofesional y la posibilidad de actuación conjunta de dos profesionales», han subrayado. También «convierte la coordinación en horas lectivas, contraviniendo la clasificación normativa vigente».
Cualquier cambio estructural en sus jornadas de trabajo, sostienen, debería realizarse mediante una modificación formal de la norma reglamentaria y no por los cauces empleados por Educación.