El PSIB ha instado al Govern balear a que aplique la Ley estatal de Vivienda y declare cuanto antes zonas tensionadas con el objetivo de limitar el precio de los alquileres, después de que el Tribunal Constitucional desestimase el recurso interpuesto contra esta normativa. La formación socialista considera que, tras la decisión del Constitucional, el Ejecutivo popular «ya no tiene excusas» para posponer la puesta en marcha de las medidas previstas en la ley, según han manifestado este miércoles.
Según ha expuesto el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, "con la sentencia del Constitucional, ahora ya se sabe que la ley es perfectamente legal«. Ha reclamado al Govern que »deje de dilatar y poner trabas", subrayando que la presidenta Marga Prohens recurrió la norma únicamente porque «no quiere aplicar límites a los precios de alquiler», en un contexto donde la situación habitacional es especialmente delicada. Negueruela ha señalado que en 2026 podrían verse afectadas más de 24.000 familias, lo que constituye alrededor de 70.000 personas, si no se renuevan sus contratos de alquiler.
La sentencia del TC, clave en la aplicación de la ley
Tras conocerse el fallo judicial, el PSIB sostiene que la presidenta autonómica «no tiene motivo alguno para demorar la declaración de zonas tensionadas en Baleares». "Prohens quería retrasar la aplicación de medidas que funcionan en ciudades como Barcelona o en el norte de España y ahora debe dar el paso", ha insistido el portavoz parlamentario.
Crisis de vivienda
La formación socialista alerta de que recientemente se ha comprobado que la renovación de contratos incrementa los precios, pasando de 700 a 1.700 euros, lo que agrava la dificultad de acceso a la vivienda. «La gente ya no puede pagar un piso y empieza a buscar habitaciones para poder vivir», ha lamentado Negueruela, insistiendo en que Prohens debe aplicar la ley estatal de vivienda en las Islas con la limitación de precios correspondiente.