La asociación empresarial Empresaris Veterinaris de les Illes Balears, que aglutina más de 50 empresas, ha expresado su rechazo a la propuesta de modificación del Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios presentada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La organización empresarial considera que los cambios planteados resultan insuficientes y no resuelven los problemas de fondo que afectan al ejercicio clínico veterinario en el archipiélago.
Se trata de la modificación del Real Decreto que regula el uso de los antibióticos, con el propósito de combatir la resistencia microbiana a estos fármacos. El mal uso de los antibióticos podría llevar a estas bacterias a hacerse resistentes y poner en jaque el sistema de salud mundial, tanto de los humanos como de los animales. Esta normativa, impulsada con un buen fin, no estuvo exenta de críticas, ya que, según muchos propietarios de PYMES como pequeños centros veterinarios la criticaron por estar dirigidas a macrogranjas y centros industriales de producción de carne y por no estar adaptada a la realidad diaria de las pequeñas clínicas veterinarias.
Según representantes de la asociación, desde la entrada en vigor del Real Decreto, los profesionales han visto cómo ha incrementado considerablemente la burocracia, además de la inseguridad jurídica y dificultades operativas en las clínicas. Según la asociación, esta situación afecta directamente a la calidad del servicio, a la viabilidad económica de numerosos centros y, en última instancia, a la salud de los animales.
La entidad sostiene que la propuesta de reforma constituye un ajuste limitado que no aborda las cuestiones estructurales de la normativa. «El sector no necesita retoques normativos, necesita una solución real», señalan desde la organización en su comunicado oficial.
Respaldo de organizaciones y colegios profesionales
Entre las entidades que han manifestado su preocupación por esta situación se encuentran la Confederación Empresarial Veterinaria Española, diversas organizaciones profesionales y colegios veterinarios provinciales como los de Barcelona, Madrid o Cádiz, que han mostrado públicamente su inquietud por el impacto de la norma en el sector.
La asociación subraya que la mayoría del sector reclama una revisión profunda del marco regulatorio vigente. Una parte relevante de los profesionales considera que la derogación del Real Decreto 666/2023 representa la vía más eficaz para construir una normativa realmente adaptada a la realidad clínica y alineada con el entorno europeo.
Por otro lado, la organización ha querido recalcar que los veterinarios desempeñan un papel fundamental en la protección de la salud pública, la seguridad alimentaria y el control de resistencias antimicrobianas. Por ello, resulta imprescindible contar con una regulación clara, proporcionada y operativa que permita desarrollar la actividad profesional con garantías.
La asociación ha reiterado su disposición al diálogo constructivo con las administraciones públicas, siempre desde el objetivo de garantizar una normativa que permita a los profesionales desarrollar su labor con seguridad jurídica y eficacia sanitaria. «La profesión veterinaria en Baleares quiere soluciones reales, no medidas provisionales que prolonguen la incertidumbre», concluyen desde la entidad empresarial.