El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a la derogación de la ley de memoria democrática y ha acordado su suspensión.
La suspensión de la vigencia y aplicación, según una nota del tribunal de garantías, se da desde el 9 de junio, que es la fecha de interposición del recurso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.
En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, así como el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas.
Finalmente, en el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.