La Alianza por el Agua ha hecho público este viernes un avance de su informe anual, revelando una situación preocupante sobre la calidad del agua de consumo humano en las Illes Balears. Este estudio, enmarcado en su proyecto Observatorio del Agua de las Illes Balears, se basa en datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad. Los resultados indican que, durante 2025, 98.452 residentes de las cuatro islas habitaron en áreas donde el agua fue declarada no apta para el consumo en algún momento. Lo más alarmante es que estos no son incidentes aislados; en varias de estas zonas, las deficiencias se han repetido ininterrumpidamente desde 2016 o 2017. Al añadir las 22 áreas adicionales "en riesgo" –aptas, pero con incumplimientos recurrentes que podrían derivar en no aptitud–, la cifra total asciende a 145.027 habitantes. La organización atribuye este volumen a la sobreexplotación y salinización constante de los acuíferos, resultado de décadas de expansión urbanística y una presión demográfica descontrolada.
El estudio abarca los 67 municipios de las Illes Balears, examinando 992 análisis realizados en 2025. Aunque el nivel de incumplimiento general se sitúa en el 9,4 %, esta cifra no refleja las significativas disparidades entre las islas, ni la persistencia de problemas en ciertas áreas que se repiten anualmente sin solución aparente. La Alianza por el Agua advierte que, lejos de ser incidentes aislados, se trata de cuestiones estructurales ligadas a la sobreexplotación, la salinización y la contaminación por nitratos de los acuíferos. Estas problemáticas se ven exacerbadas por el aumento de la presión urbanística y poblacional, y en el caso específico de los nitratos, también por la actividad agrícola. Para una consulta detallada, todos los datos están disponibles por zona en el mapa de incidencias de calidad del agua de consumo humano, desarrollado por la Alianza por el Agua (mapaincidencies.alianzaagua.org), que permite visualizar el historial de cada área de abastecimiento.
Rafael Tur, portavoz de la Alianza por el Agua, enfatiza la raíz del problema: "Esto no se resuelve con más cloración ni con más analíticas. Mientras continuemos creciendo, urbanísticamente y en población, seguiremos sobreexplotando y salinizando los acuíferos, y habrá pueblos que nunca podrán garantizar agua de calidad a sus vecinos. Lo que sale del grifo es el síntoma; la enfermedad está bajo tierra". Esta declaración subraya la necesidad de abordar las causas subyacentes en lugar de solo los efectos visibles.
Situación por islas
En Mallorca, 26 áreas de abastecimiento, distribuidas en 13 municipios, reportaron al menos un análisis no apto en 2025, impactando a 70.357 residentes. El índice de incumplimiento en los análisis de las zonas de abastecimiento mallorquinas durante ese año fue del 9,2 %. La Alianza por el Agua identifica dos patrones geográficos distintos: en el interior agrícola, que incluye localidades como Manacor, Sineu, Ariany, Costitx, Vilafranca de Bonany, Lloret de Vistalegre, Llubí y Petra, el problema predominante es el nitrato, con deficiencias que persisten anualmente desde 2016 o 2017. Por otro lado, en la costa de Santanyí, el patrón observado es la intrusión salina, manifestada por niveles de cloruro, conductividad, sodio y sulfato que exceden los valores paramétricos. Adicionalmente, 12 zonas de Mallorca, que suministran a 37.601 habitantes, se encuentran en situación de riesgo. Entre ellas destacan Llucmajor (11.418 habitantes) y Can Picafort (8.869 habitantes), que presentan incumplimientos recurrentes de sodio y conductividad.
Menorca se posiciona como la isla con la tasa de incumplimiento más elevada del archipiélago, registrando un 26,1 % de análisis no aptos en 2025. Diez zonas de abastecimiento, ubicadas en los municipios de Maó, Es Castell y Ciutadella de Menorca, presentaron agua no apta, afectando a 22.705 habitantes. La Alianza por el Agua señala que el área de Maó concentra siete de estas zonas, todas con un patrón predominante de nitratos que se ha mantenido casi ininterrumpidamente desde 2016. En Ciutadella, la problemática es dual, combinando cloruro y nitrato, lo cual concuerda con el estado "Malo" de la masa de agua subterránea local, explotada por encima del 104 % de su capacidad de recarga natural. Asimismo, tres zonas menorquinas están en riesgo, impactando a 4.678 residentes: la Red Casco Urbano Ciutadella (3.878 habitantes) por conductividad creciente, y las urbanizaciones Son Parc (564 habitantes) y Santo Tomás (236 habitantes) por incumplimientos recurrentes de cloro libre residual.
En Ibiza, seis zonas de abastecimiento en tres municipios registraron agua no apta en 2025, afectando a 5.390 habitantes. Estas incluyen Cala de Bou-Port des Torrent (Sant Josep, 4.918 habitantes), Vicent Ribas-Ferreret (Sant Antoni, 229 habitantes), Can Aubarca (Santa Eulària, 121 habitantes), Cala Mastella (Santa Eulària, 53 habitantes), Es Canar Cosmi (Santa Eulària, 35 habitantes) y Sant Josep Zona I (Sant Josep, 34 habitantes). Es relevante señalar que una parte considerable de estos incumplimientos se concentró en Cala de Bou, donde la zona de abastecimiento de Cala de Bou-Port des Torrent, la más densamente poblada de Sant Josep de sa Talaia, mostró en julio de 2025 niveles de bromato superiores al valor paramétrico. El bromato, un subproducto de la desinfección, puede surgir cuando el agua contiene bromuro, un componente natural del agua de mar. La Alianza por el Agua sugiere una posible conexión con la intrusión marina ya documentada en los acuíferos de la zona, aunque los datos actuales no permiten confirmarlo.
La organización destaca que dos de las zonas con el historial más problemático, Sant Josep Zona I (con 13 análisis no aptos desde 2016) y Es Canar Cosmi (con 8 desde 2016), siguen sin solución. Ambas exhiben el patrón característico de intrusión salina, con niveles de conductividad, sulfato y cloruro muy por encima de los valores paramétricos. Esto es consistente con la sobreexplotación de sus acuíferos, algunos de los cuales se explotan entre el 108 % y el 119 % de su recarga natural. Además, otras seis zonas de Ibiza, que suman 4.296 habitantes, están en riesgo: Siesta, Cala Llonga, Urbanización Buenavista y Montañas Verdes, todas en Santa Eulària des Riu, así como Urbanización Isla Blanca (Sant Joan de Labritja) y San Rafael (Sant Antoni de Portmany). Estas áreas presentan incumplimientos recurrentes de sulfato, un indicador que, en situaciones previas documentadas, ha precedido a la declaración de no aptitud.
Formentera se distingue como la única isla sin zonas de abastecimiento con agua no apta en 2025. La Alianza por el Agua atribuye este favorable cumplimiento en gran medida a que el consumo de agua potable en la isla proviene mayoritariamente de fuentes desaladas. Esta dependencia se debe a la histórica sobreexplotación del acuífero formenterense, que ha hecho inviable depender exclusivamente de las aguas subterráneas. No obstante, una zona, Distribución Riu La Mola, se encuentra en situación de riesgo debido a incumplimientos recurrentes de cloro libre residual desde 2023, lo que sugiere problemas de dosificación en la red de distribución.
Llamamiento a la acción política
La Alianza por el Agua sostiene que los hallazgos de este informe revelan un problema de salud pública que las administraciones no pueden seguir desatendiendo. La organización se dirige, en primera instancia, a la Conselleria de Salud del Govern de les Illes Balears, en su rol de autoridad sanitaria encargada del control del agua para consumo humano. La Alianza exige que se verifique que todos los operadores de las zonas con incumplimientos crónicos cuenten con el Plan Sanitario del Agua (PSA), de elaboración obligatoria para todas las zonas de abastecimiento según el Real Decreto 3/2023, y con el Protocolo de Autocontrol actualizado, imperativo para todas las zonas desde el Real Decreto 140/2003. Resulta paradójico que ambos instrumentos, diseñados para identificar y corregir riesgos de forma preventiva, no hayan evitado que áreas como Sant Josep Zona I o Es Canar Cosmi acumulen incumplimientos desde 2016 sin solución.
A la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua, cuya responsabilidad es asegurar el control y la recuperación de los recursos hídricos, la entidad le demanda una supervisión efectiva de las extracciones de agua subterránea. Asimismo, insta a que se implementen con urgencia las acciones necesarias para restaurar el buen estado de los acuíferos, en consonancia con el actual Plan Hidrológico de las Illes Balears. La Alianza por el Agua también interpela a los municipios, que son los responsables directos del servicio de suministro de agua potable a sus ciudadanos, según la Ley de Bases de Régimen Local. Les pide que exijan a sus operadores el cumplimiento de los planes y protocolos legalmente establecidos, y que no autoricen nuevas expansiones urbanísticas sin antes garantizar la disponibilidad de agua suficiente y de calidad.
La Alianza por el Agua recuerda que la declaración de no aptitud y las recomendaciones de consumo son competencia de la autoridad sanitaria, y que los residentes de las áreas afectadas deben seguir en todo momento las directrices de su ayuntamiento y de la Conselleria de Salud. La entidad enfatiza que la acción más apremiante y fundamental es establecer un límite al crecimiento urbanístico y a la presión demográfica. Esto se considera una condición indispensable para frenar la sobreexplotación y la salinización de los acuíferos, que constituyen el principal recurso hídrico natural para las poblaciones de las Illes Balears. De acuerdo con el Plan Hidrológico de las Illes Balears, el 60 % de las masas de agua subterránea de las islas ya se encuentran en mal estado debido a sobreexplotación, salinización o contaminación por nitratos. Esta situación, advierten, solo empeorará si no se abordan las causas. En este contexto, la Alianza alerta que la reciente Ley 4/2026, conocida como ley ómnibus, avanza en una dirección opuesta, al reducir la obligación de solicitar un informe de suficiencia hídrica para nuevos desarrollos urbanísticos, desactivando así el control ambiental clave sobre el crecimiento en el momento más inoportuno.
Y lo que propone el PP es construir más, ahora edificios plurifamiliares en rústico. No hay nadie con dos dedos de frente en el Govern.