Un total de 56 profesores de historia de universidades españolas, como Javier Tusell, Joaquim Albareda, Joan B. Culla o Manuel Pérez Ledesma, han suscrito un manifiesto en el que afirman que «la memoria democrática debe asentarse sobre la aceptación de la realidad histórica y de sus consecuencias». El manifiesto pretende responder a «recientes y polémicas manifestaciones de altos representantes institucionales acerca de aspectos sensibles de nuestro pasado común», en referencia a unas declaraciones del Rey y de la ministra de Cultura, Pilar del Castillo.
El escrito ha sido suscrito también por profesores de las universidades de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, País Vasco, Lleida, Santiago de Compostela, Rovira Virgili de Tarragona, Cantabria o Balears. El texto añade que, «aún reconociendo la existencia de distintas memorias sobre la Guerra Civil, resultan incuestionables tanto las explícitas intenciones antiautonomistas del bando sublevado en 1936 como la persecución específica que el régimen franquista victorioso aplicó contra las lenguas y los signos de identidad colectivos de catalanes, valencianos, mallorquines, vascos o gallegos».
«Sólo anteponiendo las realidades históricas incontestables a las distintas opciones ideológicas -continúa el texto- se podrán consolidar las bases de la convivencia democrática». Los firmantes aseguran que «lo contrario constituye una irresponsabilidad política e histórica, más inexcusable cuando más alto sea el rango gubernamental de quien incurre en ella»