Los autores del Plan Director de la Catedral de Eivissa, Xavier Pallejà y Salvador Roig, afirmaron ayer que sus actuaciones en las obras de reforma de la Catedral han seguido en todo momento la normativa fijada en la Ley de Disciplina Urbanística, la Ley de Ordenación de la Edificación y la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico. Ambos arquitectos sostienen que su denuncia por las obras para el cableado interior del edificio «no fue por reacción» a la denuncia que el delegado del Patrimonio Diocesano, Francesc Torres Peters les interpuso por las obras del Museo Diocesano. En cuanto a otra denuncia presentada contra ellos por un vecino de Dalt Vila y un técnico sobre unos tubos del proyecto de reforma de la torre del campanario y su «impacto visual», negaron tal afirmación, mostrando una serie fotográfica en la que dichos tubos sólo son mínimamente visibles; «y en cualquier caso esa intervención es una situación transitoria, reversible. No se ha empotrado en ningún muro ni se ha deteriorado nada. Cuando se pueda dar luz a la torre por otro sitio se suprimirán», explicó Pallejà.
Con estas precisiones, los dos arquitectos salen al paso del informe que varios técnicos presentaron el pasado febrero a la Comisión de Patrimonio en respuesta a las tres denuncias mencionadas. En la primera, el informe decía que la intervención no había afectado a la parte artística de estilo gótico ni a la estructura principal de los muros, añadiendo que, en cualquier caso, «no es manera de hacer las regatas con un compresor. Lo mismo que pensamos nosotros, pero cuando nos enteramos ya hacía cuatro meses que la obra estaba terminada, pendiente de la ejecución de la famosa puerta; y al colocarla no nos avisan». «Nos enteramos cuando se puso la denuncia; entonces subimos y vimos las obras que se estaban haciendo para el cableado de la iluminación. Nuestra denuncia no fue por reacción a la de Torres Peters, pues ya en 1998 avisamos al obispo por escrito de que se tuviera cuidado con los trabajos que afectasen a la estructura».
A pesar del informe técnico, Pallejà y Roig sostienen que «más de 100 metros lineales de regatas y la excavación arqueológica que supuso remover más de 17 metros cúbicos» supone un «deterioro estructural, constructivo y patrimonial», que incumple las mencionadas leyes más las distintas protecciones legales que tiene la Catedral desde 1942. La última, la incoación de expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supone su protección total a todos los efectos.