«La opinión mayoritaria recogida aquí estaba en contra del canon, como en todas las reuniones que hicimos para discutir el tema». Con estas palabras, la directora de la Biblioteca Municipal de Eivissa (en Can Ventosa), Anna Colomar, resumió ayer la postura de los responsables de la red de bibliotecas del Consell respecto al polémico impuesto que una Directiva europea pretende imponer a los préstamos de libros. La protesta de los profesionales y usuarios de las bibliotecas públicas españolas se materializó el pasado año en una queja al Defensor del Pueblo acompañada de más de 200.000 firmas, entre las que figuraban las que se recogieron en las Pitiüses.
En su carta de respuesta a la Biblioteca Municipal de Eivissa, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, informa de que el Ministerio de Cultura también «discrepa de la conclusión» de la Directiva europea a favor del canon, y considera «que la situación bibliotecaria de nuestro país, que arrastra un déficit notable respecto a otros países miembros de la Unión Europea, desaconsejan la imposición de cualquier gravamen al préstamo bibliotecario, ya que frenaría la política de desarrollo» que las autoridades españolas «han puesto en marcha para equiparar el sistema bibliotecario español a la media europea». Múgica añade «que si finalmente hubiese de imponerse algún tipo de gravamen» para cumplir con la Directiva europea, el Ministerio de Cultura ha expresado su voluntad «de buscar fórmulas que impidieran que dicho gravamen en ningún caso repercutiese en los usuarios».
La polémica, pues, sigue sin resolverse; porque, además, la Comisión Europea ha presentado una denuncia contra España, Irlanda y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la UE por eximir a las bibliotecas públicas del pago de derechos de autor. Anna Colomar recordó el argumento de oposición al canon de préstamo: «El lector que viene a la Biblioteca también compra libros por su parte; hay que habituar a la gente a ser lectora y no cargarle un canon de uso; y cuando se compra un libro ya se paga al autor el correspondiente».
Una opinión opuesta a la que ha expresado recientemente a este periódico la vicepresidenta de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana de Balears, Antònia Vicens: «Tenemos que tener en cuenta que los escritores siempre somos los más perjudicados, tanto por los contratos de edición como por el hecho que no se nos paga nada, tal como exige la Unión Europea, por los préstamos de nuestros libros en las bibliotecas».