El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabó la semana pasada con la polémica generada por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como “céntimo sanitario”, al declararlo contrario al derecho comunitario. Esta decisión permitirá a las empresas y particulares de Balears reclamar hasta 200 millones de euros correspondientes al tramo estatal del impuesto, en vigor entre 2002 y diciembre de 2012, y 28 millones más del autonómico, que gravó los combustibles con 4,8 céntimos por litro repostado entre el 1 de mayo de 2012 y el final de ese ejercicio.
El TJUE dictaminó que el céntimo sanitario “vulnera la legislación comunitaria”, acusando al gobierno español de “actuar de mala fe” por mantener durante diez años un impuesto que sabían ilegal. Esto significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2012.
Por su parte, el Govern balear tendría que afrontar la devolución de 28 millones de euros al haberse subido al carro del impuesto durante 8 meses de 2012, antes de que el Gobierno reconfigurara el gravamen para hacerlo legal. Así, desde enero de 2013, el céntimo sanitario se convirtió en el Tipo Autonómico (TA), que es uno de los tres tramos de los que está compuesto el nuevo Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), junto al Tipo Estatal General (TEG) y el Tipo Estatal Especial (TEE).
El fallo del TJUE responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña, que solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.
PROTEGER AL CIUDADANO.
Al conocerse la resolución del TJUE, el conseller de Hisenda i Pressuposts del Govern, José Vicente Marí, avanzó que la estrategia de Balears transcurría “en común” con el Estado y las otras comunidades.
Una semana más tarde, en el plenario del Parlament del martes, el conseller de Salut, Martí Sansaloni, incidió en este sentido, recordando que no es un tema “solo de ámbito autonómico sino que afecta a España”.
No obstante, Sansaloni apuntó que el Consell de Govern ha aprobado un proyecto de ley “para proteger a los ciudadanos de Balears” por el cobro del céntimo sanitario y que esperaba la colaboración de la oposición para que sea aprobado con el máximo consenso.