El jueves pasado el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB), hecho que implica el reconocimiento de un agravio económico y que abre una nueva vía para reclamaciones futuras.
A lo largo de esta legislatura que se acaba se ha hablado mucho de financiación autonómica. Como bien sabemos, el déficit que padecía nuestra comunidad autónoma hace cuatro años superaba los mil millones de euros, los bancos se mostraban renuentes a dar más crédito al Govern y sobre las administraciones públicas planeaba la amenaza del impago de salarios. El problema del déficit podía y debía resolverse de dos maneras: disminuyendo el gasto o aumentando los ingresos. Finalmente, y en un primer momento, la solución vino dictada desde el exterior: la Unión Europea y el Estado central fijaron una senda de recortes del gasto y de aumentos de impuestos para hacer converger ambas magnitudes hacia cifras que garantizasen la sostenibilidad de las instituciones.
Pero pasado este momento inicial, y con el respaldo de prácticamente toda la sociedad balear, la Comunitat ha intentado abrir las vías para mejorar los ingresos percibidos por nuestras islas. Las cifras mostraban un agravio insostenible, Balears estaba claramente infrafinanciada y cualquier estudio realizado sobra balanzas fiscales o sobre financiación de servicios básicos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) coincidía en que Balears siempre aparecía entre las comunidades autónomas más agraviadas. Cabía y debía realizarse una revisión del sistema de financiación autonómica simplificando el sistema, dotándolo de mayor transparencia y evitando la sobrefinanciaciación de la que se beneficiaban algunas comunidades. Pese a los esfuerzos realizados y a pesar de las continuas declaraciones y reconocimientos a favor de Balears por parte del Estado, el sistema de financiación autonómica, que por ley se debería haber revisado hace más de un año y medio, ha permanecido inalterado.
Pero había un posible plan B. En el año 2014 se debía revisar el REB. El Régimen Especial de Balears era probablemente el único foro de negociación bilateral en la que el Estado podía reconocer a Balears una serie de ventajas económicas que no tuviera que generalizar a los demás comunidades ya que se las otorgaba como compensación de su insularidad, elemento diferencial ya reconocido fiscalmente a Canarias. Hasta entonces el REB no era más que un conjunto de medidas difusas difícilmente identificables para las empresas y que muy poca gente a ciencia cierta se atrevía a explicar.
El nuevo REB es en realidad un gran logro. Reconoce un trato diferencial desde el punto de vista fiscal anteriormente limitado a Canarias, Ceuta y Melilla. Es un verdadero reconocimiento al hecho insular y abre el camino hacia nuevas reclamaciones futuras negociando, ahora sí, en un foro bilateral. Hasta ahora Balears se sentaba junto a otras 15 o 17 comunidades autónomas a discutir sobre ingresos o sobre la ponderación de las diversas variables (densidad poblacional, tasa de dependencia, insularidad, etc.) a la hora de fijar los niveles de transferencias. Tradicionalmente, el resultado de estas negociaciones era que la historia o el tamaño de la comunidad primaran. Como históricamente Balears tenía un nivel de transferencias bajo y su tamaño era pequeño el resultado siempre era el mismo: la infrafinaciación.
El que el REB reconozca ahora un trato diferenciado y abra una vía de dialogo fiscal exclusiva para Balears es el inicio de una solución a un agravio histórico, por tanto no le deberíamos restar la importancia que tiene.