El proyecto de implantar de nuevo un impuesto turístico, tras los dos cortos años vida del primero del año 2000, resucita ilusiones y recelos según que la perspectiva sea la de políticos o la de empresarios, respectivamente. Hay un tercer colectivo, los ecologistas, que critican su anunciada finalidad de “ecotasa” ya que creen que este impuesto no parece ser de ayuda a la recuperación y conservación del patrimonio natural, tras los impactos producidos por una gran actividad turística.
En anteriores notas en El Económico y en la Tribuna de Ultima Hora he expuesto dos hechos notables de la hegemonía económica y mercadológica del turismo de Balears, respectivamente y relativos al ámbito geográfico de los destinos insulares mediterráneos: uno, su mayor renta per cápita en poder adquisitivo (el 99% de la media de la UE 28); y dos, su mayor volumen de actividad turística regional (generando el 45% del PIB balear). Por otro lado, al estudiar el Índice de Presión Humana en el pico turístico de agosto (2014) puse en evidencia el desfase negativo de una población balear rozando los dos millones, siendo la flotante de 900 mil, o sea tanto como el 80% de la censada. Un estrés estacional, similar al producido sobre la sociedad, se da también sobre recursos naturales y medio ambiente.
Sin embargo, todo lo expuesto antes es solo una cara de la moneda, ya que hay otra cara todavía más compleja de gestionar: la información y la reacción del turista. Recuerdo lo ocurrido en 2000: una “guerra” entre Govern y hoteleros/TT.OO. que acabó con la “ecotasa” pero sin los resultados esperados por ambas partes (ni dejaron de venir los turistas, ni se financiaron las obras necesarias). Sin embargo, hubo un fuerte desgaste de la imagen turística de Balears. La moraleja es que ahora el impuesto que se anuncia (faltan pocas días para la WTM de Londres) se debe explicar bien al mercado y que las críticas al mismo sean racionales.
Existe el peligro de que el turista interprete este impuesto como un parche para tapar una supuesta deficiente gestión turística de Balears por parte del Govern (a pesar de que se le explique el tema de la escasez de recursos públicos de Balears), en lugar de verlo como una ayuda para compensar los impactos urbanísticos y estacionales que produce una llegada masiva de turismo en unos pocos meses del año. Es decir, se trata de convencerle de que va a redundar en su mejora y satisfacción, lo que supone otro reto añadido para el Govern: tener listas, en la siguiente temporada de su aplicación (2017), ciertas obras o mejoras que puedan ser evidentes para turistas potenciales o repetidores. En resumen, el impuesto turístico no solo es un reto a nivel local entre Govern y sector turístico, como otros propios de la dinámica democrática balear, sino un reto a nivel exterior entre los mercados turísticos y los responsables públicos y privados de Balears.