Las autonomías buscan nuevos impuestos para incrementar sus ingresos. Durante los años más duros de la crisis se disparó la creación de gravámenes autonómicos y la tendencia sigue creciente, aunque la recaudación no ha aumentado de manera significativa y ascendió en conjunto a 2.069.455.200 euros en 2014.
Solo el 2,4% de todos los ingresos tributarios de las comunidades autónomas derivan de los impuestos propios. Si en 2013 había 59 en total, hoy son 79 según un informe del Registro de Asesores Fiscales del Colegio de Economistas, al que hay que añadirle como mínimo el impuesto del turismo sostenible de Balears, vigente desde el 1 de julio. Los gobiernos regionales tratan así de subir los ingresos sin tener que contar con la financiación del Estado y sin necesidad de registrar crecimiento económico. Destinan estos impuestos sobre todo a actividades que tienen un impacto en el medio ambiente.
Donde más pesan los impuestos propios es con diferencia en Canarias (18,5%), seguido de Extremadura (7,1%), Asturias (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Catalunya (3,2%). La octava, con un 2,8%, sería Balears.
Canarias aparenta una recaudación superior porque el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto sobre las labores del tabaco se consideran propios. Además, Catalunya es líder en número de tributos propios con catorce.
En términos per cápita, las Islas son la quinta comunidad con más recaudación por impuestos propios (72,11 euros) después de Canarias (235,26), Extremadura (117,85), Asturias (82,95) y Catalunya (73,31). En cambio, en Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid pagan menos de 10 euros por persona de impuestos autonómicos. Navarra y País Vasco, con régimen foral, no se incluyen en el análisis.
En los últimos doce meses varias comunidades han implantado tributos propios de carácter medioambiental. Entre ellas Balears, que pretende recaudar 50 millones de euros con la ‘ecotasa'.
Aragón aprobó en diciembre de 2015 tres nuevos impuestos ambientales que gravan el aprovechamiento del agua embalsada, las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y las instalaciones de transporte por cable dentro de la ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos.
Por su parte, Catalunya gravó en julio de 2015 la tenencia de viviendas vacías, una ley que está suspendida desde mayo de este año porque el Consitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central.
FIN MEDIOAMBIENTAL. Para implantar un impuesto propio, los gobiernos autonómicos crean fórmulas que sean compatibles con la normativa estatal y procuran que no graven directamente a sus ciudadanos.
Las comunidades pueden, en teoría, crear tributos propios siempre que no se establezcan sobre hechos ya gravados por los ayuntamientos ni por el Estado, que no graven actividades producidas en otra comunidad ni que supongan un obstáculo para la libre circulación de personas, servicios o mercancías.
En la práctica, sin embargo, los tributos autonómicos llevan grandes complicaciones. Ha habido mucha polémica porque el Estado con frecuencia crea impuestos que ya existen en las comunidades y que gravan el mismo hecho imponible. En este caso, debe compensarlas y el tributo autonómico queda en suspenso. Si el impuesto autonómico ha sido creado una vez que ya estaba en vigor el estatal, más pronto que tarde es declarado inconstitucional.
Por ejemplo, ocurrió con el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Lo creó el gobierno central en 2012 y tendrá que compensar, según el informe, a Andalucía y Canarias, cuyas normas eran anteriores, pero no a Asturias, Catalunya, Comunidad Valenciana y Extremadura. En Canarias y Andalucía el impuesto se ha dejado sin efectos, en Extremadura han incorporado una bonificación del 100% y en Asturias, Catalunya y Valencia el impuesto se ha declarado inconstitucional.
Problemas similares se han dado también con la ley estatal de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 2012, o con el impuesto sobre actividades del bingo, por citar algunos ejemplos. En cada caso se estudia si las normas se solapan o no.
COMPETENCIAS. También hay conflictos de carácter legal que acaban en el Tribunal Constitucional. Con frecuencia, el Estado recurre el tributo porque considera que le invaden competencias. Catalunya creó a finales de 2014 un impuesto sobre la provisión de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital, de carácter finalista, para dotar los fondos para el fomento de la industria audiovisual. Se conoce como la ‘tasa del cine' o el impuesto del ADSL. El Gobierno central lo recurrió pero el Constitucional levantó la suspensión. Este problema se da especialmente con Catalunya, donde Generalitat y Gobierno se han impugnado decenas de leyes uno al otro.
En el caso de los impuestos a las grandes superficies, que existían en Aragón, Catalunya, Asturias, Canarias, Extremadura y la Comunitat Valenciana, la Comisión Europea consideró que el gravamen iba contra la libre competencia e instó al Estado a corregir la situación. La Rioja y Canarias ya han suspendido el impuesto. Catalunya, que en 2014 recaudó 6,7 millones por este concepto, estudia cómo puede transformar el impuesto incidiendo en el impacto medioambiental para poder mantenerlo.
LA SITUACIÓN DE BALEARS. Las Islas son una de las comunidades que tiene menos tributos propios aun con el nuevo impuesto del turismo sostenible, que grava las estancias turísticas y que está vigente desde el 1 de julio. Recaudó 79,6 millones de euros en 2014, una cantidad que está lejos de las comunidades con más ingresos como Catalunya, Andalucía y Canarias, que también son las que cuentan con más tributos autonómicos propios.
Solo el 2,8% de toda la recaudación de Balears llegó por impuestos propios en 2014, de acuerdo con los datos del Registro de Asesores Fiscales.
Balears tiene solo tres impuestos propios, y dos a efectos prácticos: el canon de saneamiento, el impuesto sobre los premios del juego del bingo (a tipo cero, por lo que no recauda nada) y recientemente el impuesto del turismo sostenible. Balears ya intentó aumentar la recaudación por impuestos propios en 2013.
El Govern de José Ramón Bauzá presentó un proyecto de ley que gravaba las grandes superficies comerciales, los coches de alquiler sin conductor y los envases de bebidas no retornables. Ante la polémica generada no se aprobó y, de hecho, le costó el puesto al conseller del ramo, Pep Ignasi Aguiló, frente la fuerte oposición que ejercieron todos los sectores empresariales afectados. Pretendía recaudar 58,5 millones al año.
El nuevo gobierno de Francina Armengol sí que ha implantado el impuesto propio que proponía como una de sus medidas estrellas: el impuesto del turismo sostenible, conocido como ‘ecotasa'. La recaudación anual prevista es de 50 millones.
Además de los impuestos autonómicos, que son los que menos peso tienen en la carga fiscal de un ciudadano, están los municipales (principalmente el Impuesto de Bienes Inmuebles además de residuos y el impuesto de circulación, entre otros) y los estatales. Dentro de estos últimos, la recaudación del Impuesto de Sociedades (IS) se la queda entera el gobierno central; del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) las comunidades reciben alrededor del 8%, y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se quedan el 50%.
AGUA. El canon de saneamiento u otros tributos relacionados con el agua son la principal fuente de recaudación por impuestos propios, que aporta aproximadamente tres cuartas partes del total. De las 15 comunidades analizadas, solo Castilla-La Mancha y Castilla y León no lo tienen implantado.
En cambio, los más desarrollados por las autonomías son los tributos propios sobre imposición medioambiental, a pesar de que el Colegio de Economistas considera que en muchos de estos impuestos “la recaudación es tan exigua que no cubre los gastos de gestión”.
Andalucía tiene un impuesto a las bolsas de basura de un solo uso. En Galicia y Castilla-La Mancha hay un canon eólico. Extremadura grava el aprovechamiento cinegético (la caza). Catalunya grava las estancias en establecimientos turísticos. Y Madrid tiene un impuesto sobre las instalaciones de máquinas en establecimientos de hostelería. Andalucía y Asturias tienen un tributo sobre las tierras infrautilizadas, pero no obtienen ingresos. Y cinco comunidades implantaron un recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas, por el que tampoco recaudan.
Otros impuestos frecuentes son sobre vertidos a las aguas litorales, depósito y eliminación de residuos en vertedero, actividades e instalaciones que inciden en el medio ambiente, aprovechamiento del agua embalsada, contaminación atmosférica, impacto visual y sobre las emisiones de gases contaminantes.