El monocultivo turístico es una realidad de complicada solución. Un buen número de factores exógenos, principalmente las dificultades geopolíticas que atraviesan competidores tradicionales de las Islas como Turquía, Egipto o Túnez, han acrecentado el tradicional éxito de Balears. Las cuantiosas inversiones de los hoteleros para reformar y modernizar sus establecimientos han influido también para que durante las dos últimas temporadas estivales se hayan marcado nuevos récords de visitantes.
El turismo, tradicionalmente bien visto por el residente, se ha situado en el centro del debate social, político y económico.
La temporada estival recién acabada se inició con la aparición de diferentes pintadas en Palma contra la llegada de visitantes. “Tourist go home” o “Aturem la gentrificació” fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse. La masificación estaba ya sobre el tapete.
Y es que una de las cuestiones que se ha planteado es la posibilidad de limitar la entrada del número de turistas. Hoy por hoy son una pequeña minoría los que consideran necesario establecer un tope de visitantes. Abogan, sin tapujos, por el decrecimiento y consideran que hacer la puerta de entrada más pequeña es la fórmula adecuada.
La implantación del impuesto turístico, aunque mayoritariamente aceptado por la ciudadanía, cuenta con el rechazo frontal de los hoteleros, que han recurrido el reglamento de su implantación ante la justicia.
Otra de las cuestiones polémicas es la limitación de plazas turísticas. En este sentido, desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca se ha dicho en reiteradas oportunidades que el número de plazas turísticas está regulado desde los años ochenta -quedan unas 43.000 en Mallorca en el banco de camas-. De hecho, el número de establecimientos y plazas ha experimentado un exiguo crecimiento en los últimos años. La realidad, en todo caso, es que el número de turistas sí que ha experimentado un auge sustancial, especialmente en los dos últimos años. El alquiler vacacional no ha dejado de crecer y se ha convertido en un fenómeno de masas. Ha servido para democratizar los ingresos del turismo, aunque en muchísimos casos desde la economía sumergida. La normativa vigente solo permite el alquiler turístico en unifamiliares, pareados y viviendas entre medianeras. El resto de alquileres pueden realizarse, sin prestación de servicios, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque no pueden publicitarse en webs turísticas.
NUEVA NORMATIVA. El Govern ha anunciado su intención de modificar la actual normativa del alquiler vacacional. En principio, se permitirá también en plurifamiliares, aunque con limitaciones. De hecho, desde el Govern se piensa en que sean los respectivos consells y los ayuntamientos quienes tengan la última palabra. En este mismo sentido, desde Turisme se ha estudiado también la posibilidad de que solo puedan dedicarse al alquiler vacacional las viviendas en plurifamiliares que tengan el consentimiento unánime de la comunidad de propietarios. Regular y limitar el número de plazas de alquiler vacacional parece también imprescindible. No hay aún una decisión firme, pero desde Turisme se medita si situar el número máximo de plazas de alquiler vacacional en 43.000. De esta forma, el resto de plazas existentes en la actualidad, se considera que pueden ser hasta 120.000, quedarían condenadas a la ilegalidad. Además, no está aún descartado que los propietarios hayan de pagar por cada plaza. El temor, precisamente, a la posibilidad de una cuota o no tener plaza ha provocado que en las últimas semana se haya disparado el censo de viviendas turísticas.
El alquiler vacacional es considerado de forma casi unánime como el causante de los problemas de masificación detectados durante el pasado verano. El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) realizó el pasado mes de agosto una performance para denunciar la ausencia de medidas políticas y económicas para solucionar la problemática de la masificación turística.
Los ayuntamientos tienen una posición ciertamente complicada ante el alquiler vacacional, puesto que en algunos casos muchos de sus vecinos reciben un importante sobresueldo por este concepto. El ayuntamiento de Santa Eulària en Eivissa ha decidido, por ejemplo, modificar su plan general para establecer con claridad la prohibición de uso turístico de viviendas en edificios plurifamiliares en zonas residenciales. Es el camino que podría emprender también Palma, que estudia acotar las zonas que pueden destinarse al alquiler vacacional.
La presidenta del Govern Francina Armengol fue clara en el debate de política general al avisar de que no se podrá seguir alquilando “todo” a los turistas, aunque hizo también un discurso muy conciliador. Se alejó de las críticas al turismo y pidió que se evitara lanzar mensajes en su contra.
Aptur Balears, la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada, defiende que no haya límite a las plazas disponibles. Su presidente Juan Estarellas se mostró dispuesto ante el vicepresidente y conseller de Turisme Gabriel Barceló a aceptar varios requisitos que aseguren la calidad del servicio.
Barcelona ha padecido con especial gravedad el problema de saturación y conflictividad social que genera el alquiler vacacional. De hecho, un estudio del ayuntamiento de la Ciudad Condal sitúa al turismo como segunda preocupación de los ciudadanos. La alcaldesa Ada Colau ha incrementado de forma importante el número de inspectores y ha instado a la ciudadanía a denunciar los pisos alquilados irregularmente.
La saturación ha provocado también que se sitúe en el centro del debate la posibilidad de limitar el acceso de los turistas al centro de Palma o a determinados lugares de especial valor ecológico o paisagístico. La presencia de cruceros en Palma, con el desembarco simultáneo de miles de turistas, ha provocado que diferentes ecologistas apuesten por el decrecimiento en el número de barcos. Otra posible solución para evitar la saturación es una mejor planificación en la llegada de cruceros, evitando que un día se acumulen hasta siete barcos y al día siguiente no haya ninguno.
La limitación de turistas en el centro de la ciudad plantea problemas legales de complicada solución, aunque sí podría regularse el número de personas que pueden acceder a los espacios naturales protegidos.
La proliferación de vehículos de alquiler también ha suscitado opiniones de toda índole. La limitación de los vehículos de alquiler es una posibilidad complicada, aunque el Govern estudia pactar con las empresas la mejor manera de evitar la saturación del pasado verano. Ramón Reus, presidente de la Asociación de Vehículos de Alquiler de Balears (Aevab), ha criticado en varias oportunidades a las empresas low cost del sector y ha llegado a reconocer que más de un 10% de la flota de coches ha estado parada durante el mes de agosto.
En la actualidad, la flota de vehículos se acerca a los 90.000, aunque no se conoce con exactitud. Un problema añadido es que un buen número de coches pagan el impuesto de circulación en municipios de fuera de Balears, aunque circulan en las carreteras de las Islas.
La polémica en torno al debate turístico vivió un nuevo capítulo con la aparición del manifiesto #SenseLímitsNoHiHaFutur que explica que Balears ha batido en 2016 todos los récords negativos: de masificación, de consumo de agua y energía, de producción de residuos, de coches de alquiler, de emisiones contaminantes.
“Queremos avanzar hacia la sostenibilidad, conscientes de que solamente se conseguirá reduciendo los futuros crecimientos residenciales y turísticos... No queremos esperar más, no podemos esperar más. Sabemos que es posible y que ahora es la hora, porque si no hay límites, tampoco hay futuro”, acaba señalando.