Balears se encuentra en un momento en el que impulsar la competitividad global, a través de la mejora de la productividad, reviste un carácter altamente estratégico, pues es la única forma de que el Archipiélago recupere el liderazgo en rentas y preserve el nivel de bienestar alcanzado. En este quehacer, ciertamente no pueden obviarse las restricciones que derivan de su condición de territorio insular. No en vano, la posición competitiva de todas regiones insulares europeas (Córcega, Creta, Sicilia, Martinica, Canarias, Cerdeña, Reunión, Madeira, Islas Egeas, Guadalupe, Islas Jónicas, Aland y Azores) evidencia una amplia distancia respecto de las regiones continentales con las que conforman sus respectivos territorios nacionales. Estos diferenciales negativos responden, generalmente, al menor margen de maniobra de las regiones insulares para actuar sobre los factores impulsores de la eficiencia, una cuestión que compromete, asimismo, la mejora de la competitividad desde la innovación.
Todo ello no solo explica la especialización de las regiones insulares europeas, sino que pone en relieve los condicionantes estructurales y operativos que comprometen la competitividad de estos territorios insulares y que explican que todas estas regiones, sin excepción, hayan retrocedido en el ranking de renta per cápita europeo en los últimos quince años, aunque con menor intensidad que Balears.
Así, entre los condicionantes estructurales que hipotecan las mejoras de competitividad destaca la fuerte atomización de su tejido empresarial, formado por unidades de dimensión reducida, lo que dificulta su internacionalización. Al mismo tiempo, el alto coste que deriva de la dotación y mantenimiento de un elevado stock de infraestructuras para el sostén de la especialización insular –aeropuertos, carreteras, etc.– resta recursos para otras infraestructuras tecnológicas y ambientales que resultan clave para la mejora de la productividad.
Por otra parte, los condicionantes operativos que derivan de las dificultades de acceso, coste y disponibilidad de factores productivos que tienen las islas, no solo son relevantes porque comprometen la rentabilidad empresarial privada sino porque provocan que los agentes económicos centren buena parte de su atención, si no toda, en el aseguramiento de los márgenes, descuidando, así, las cuestiones que permitirían una mejora de la productividad. Los efectos de esta miopía en favor de los márgenes empresariales se amplifica cuando se ignoran los impactos negativos que la especialización insular genera sobre la esfera socioambiental y que impiden aprovechar los réditos que, en términos de ganancia de productividad, obtiene cualquier región al contar con una elevada cohesión social y avanzar en materia de sostenibilidad.
En este contexto, la formulación de un nuevo régimen especial para Balears que armonice medidas fiscales y económicas permitiría convertir la articulación de un mecanismo de compensación como el REIB en una oportunidad para corregir aquellos aspectos estructurales y operativos que comprometen la competitividad de Balears. Sin embargo, para esto, es preciso ir más allá de las medidas aisladas y dispersas que a menudo se generan respondiendo a cuestiones de índole circunstancial (no estratégica) y política (más que económica), porque después su recorrido y, por lo tanto sus efectos, también acaban siendo solo circunstanciales y de carácter político. En la formulación del REIB se debería haber pensado menos en compensación y más en competitividad. Menos en insularidad y más en internacionalización.