La Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo se queda a medias. Pretende elevar la sostenibilidad económica, ambiental y social e introduce algunos aspectos novedosos, que pretenden dar valor al nuevo turismo de Balears. La nueva norma fija una moratoria de plazas turísticas de cuatro años para que cada consell insular pueda decidir su propio modelo, incrementando, si lo considera oportuno, las plazas actuales. De esta manera, se suspende temporalmente la posibilidad de adquirir plazas turísticas al organismo gestor o a la administración. La ley fija que los planes de intervención en ámbitos turísticos -PIAT- o los planes territoriales insulares evaluarán o reevaluarán la capacidad de carga turística de la isla respectiva para determinar el número total de plazas turísticas que se pueden comercializar.
Apunta también hacia un progresivo decrecimiento de plazas. De esta manera, permite a los establecimientos hoteleros una ampliación máxima del 15%, siempre y cuando reduzcan el número de plazas un 5%. Los proyectos de rehabilitación o reforma pueden prever la reordenación o la reubicación de volúmenes existentes, el aprovechamiento del subsuelo para usos habitables salvo el de alojamiento y la redistribución de plazas autorizadas. La norma establece que los establecimientos que proyecten un aumento de edificabilidad igual al máximo aplicable la reducción de plazas será del 5%. Y modula el descenso de plazas en función del aumento de edificabilidad. A menor aumento de edificabilidad, menor reducción de plazas. En todo caso, quedan exceptuados los establecimientos con 150 o menos habitaciones.
La nueva normativa permite que las parcelas y los edificios de uso turístico puedan cambiar de uso. En el caso de los establecimientos turísticos, un 50% de las viviendas resultantes serán de protección oficial. El techo de habitantes del edificio no podrá superar el índice de intensidad de uso establecida por la normativa de viviendas para las VPO.
SOSTENIBILIDAD. La ley fija que los establecimientos turísticos de Balears aplicarán una estrategia de circularidad y establece las medidas que deberán cumplir. De esta manera, la empresa explotadora de cada alojamiento turístico deberá elaborar una plan de circularidad, que tendrá una vigencia máxima de cinco años. Explica la ley que para elaborar el primer plan de circularidad se llevará a cabo una evaluación circular inicial. La primera y las sucesivas evaluaciones deberán considerar cuatro áreas: energía, agua, materiales y residuos, y alimentos.
La ley obliga a los establecimientos hoteleros a eliminar las instalaciones térmicas que funcionan con fueloil o gasóleo y sustituirlas por otras que utilicen fuentes de energía que reduzcan el impacto medioambiental. La norma establece el obligado cumplimiento «salvo imposibilidad debidamente acreditada». Obliga a las instalaciones de todo el sector turístico a contar con doble pulsador o pulsador con interrupción de la descarga en las cisternas de los baños. Obliga también a la instalación de dispositivos de ahorro de agua como difusores y aireadores en los grifos de lavabos, bañeras y duchas. Suprime también los amenities de un solo uso.
Los establecimientos turísticos, para potenciar los productos locales, estarán obligados a indicar de manera clara y diferenciada los productos de origen balear en la carta o menú, ya sean agrícolas, ganaderos, pesqueros o bebidas. Además, respecto a los pescados y mariscos, deberá indicarse el arte de pesca utilizado.
PRODUCTO LOCAL. La ley garantiza un compromiso de consumo de productos de alimentación y bebidas de proximidad. En este sentido, todos los establecimientos turísticos garantizarán un mínimo del 3% de consumo de productos frescos agrarios, ganaderos y pesqueros que tengan su origen en Balears. En el caso de los establecimientos de cuatro y cinco estrellas, el porcentaje de producto de origen balear será del 4%. En los agroturismos, el porcentaje será del 5%. La ley implanta también el distintivo de ‘Establecimiento Turístico Comprometido con la Producción Local' para aquellos que garanticen como mínimo un porcentaje del 10% de consumo de productos de origen balear.
La ley establece que las instalaciones o construcciones indispensables para implementar los planes de circularidad no computan urbanísticamente en ocupación, en edificabilidad, en distancia a umbrales ni en altura. Y explica que se consideran instalaciones o construcciones indispensables las que que son para al aprovechamiento de aguas grises y pluviales, las destinadas a eficiencia energética y energías renovables, las que se utilizan para la recogida selectiva y monitorización de los residuos y las que son para la adecuación de la estrategia de alimentos.
Una de las medidas encaminadas a mejorar la sostenibilidad social fija un plazo máximo de seis años para que toda la oferta de alojamiento turístico instale camas elevables con el fin de mejorar la salud laboral de las camareras de pisos. Finalmente, señalar que otro de los aspectos que modifica la ley son los criterios de clasificación de estrellas, dando mayor importancia a aspectos relacionados con el medio ambiente y la circularidad.
EL PROCESO. El Govern anunció por sorpresa que tenía previsto aprobar una nueva ley de Turismo. El Museo Reina Sofía de Madrid acogió la presentación de la ley el 17 de enero de este año, dos días antes del inicio de Fitur. El Govern quiso dar al acto el máximo boato y se desplazaron hasta Madrid, además de la presidenta Francina Armengol y Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Treball i Turisme, un nutrido grupo de hoteleros entre los que había Gabriel Escarrer, Carmen Riu, Abel Matutes Prats, Antoni Horrach o Gabriel Llobera. La presidenta de la Federación Hotelera, tras mucho deliberar si era conveniente su presencia en Madrid, decidió acudir al acto, aunque dejó claro que no conocía la letra pequeña de la nueva ley. La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, además de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, también quisieron avalar la propuesta normativa de Balears. Desde Palma se desplazaron también hasta la capital de España Carmen Planas, presidenta de CAEB; Jordi Mora, presidente de PIMEM; Lorenzo Navarro, secretario general de UGT Balears; José Luis García, secretario general de CCOO; además de una representación de las kellys.
Durante la presentación se hizo especial hincapié en la sostenibilidad social de la norma, que obliga a los alojamientos turísticos a contar con camas elevables para facilitar así el trabajo de las camareras de pisos.
La negociación entre el Govern y la Federación Hotelera acababa de empezar. La relación entre Govern y patronal pasó por todo tipo de situaciones, pero el Govern presentó el once de febrero el nuevo decreto ley turístico, que fue aprobado el mismo día por el Consell de Govern. Entonces, fue la primera oportunidad en la que se supo que se incorporaba a la nueva normativa una congelación de nuevas plazas turísticas durante los próximos cuatro años. El objetivo, según la nota informativa del propio Govern, es «mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia turística de los visitantes».
El periodo que transita entre la aprobación del decreto ley y la culminación de la tramitación parlamentaria no estuvo exento de tensiones entre el Govern y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. En este sentido, las relaciones personales entre Negueruela y Frontera se resintieron y aún hoy son únicamente de mutua tolerancia.
El martes diez de mayo fue un día intenso en el Parlament. Las negociaciones llegaron a buen puerto y diferentes representantes políticos de El Pi, Podemos y Més per Mallorca se dejaron fotografiar junto a Maria Frontera y su vicepresidente Javier Vich. Fruto de la negociación, y a propuesta del Pi, se consensuó que los establecimientos obsoletos podrán reconvertirse en viviendas, siempre que al menos el 50% de los pisos sea de protección oficial. La negociación entre partidos permitió también que los hoteles de menos de 150 habitaciones que se modernicen no hayan de decrecer un 5% de sus plazas.
Los partidos políticos presentaron sus enmiendas, los diferentes actores del sector turístico negociaron algunas mejoras y la ley fue aprobada por el Parlament el 31 de mayo. La moratoria y el grave perjuicio al sector del alquiler vacacional fueron las principales críticas a la Ley. El Parlament acogió la presencia de representantes patronales y sindicales, pero no estuvo presente la presidenta de la Federación Hotelera María Frontera. Además, el vicepresidente y conseller para la Transició Energètica i Sector Productius, Juan Pedro Yllanes, se ausentó del Parlament para expresar su disconformidad con que no se hubieran aceptado diferentes propuestas que afectan a su área.