El proceso de admisión escolar para el curso 2026-2027 ha generado un creciente malestar entre numerosas familias de Ibiza, que han comenzado a impulsar actuaciones administrativas para solicitar la revisión del procedimiento y reclamar mayores garantías de transparencia, control y verificación en la adjudicación de plazas escolares. Tras la publicación de las listas definitivas de escolarización, varias familias afectadas consideran que «las sospechas que venían expresando desde hace semanas se han visto confirmadas».
Denuncian que los actuales criterios de admisión están relegando aspectos como el arraigo a la comunidad, la vinculación histórica con determinados centros educativos o la estabilidad familiar y laboral, favoreciendo otros criterios de carácter social y económico. Según explica Víctor Quesada, padre afectado, muchos solicitantes que residen o trabajan en las inmediaciones de los centros elegidos, cuyos hijos proceden de escuelas infantiles adscritas o que incluso fueron antiguos alumnos de esos mismos colegios, se han quedado sin plaza en la opción escogida como primera preferencia.
«En muchos casos se trata de familias que, con los criterios aplicados históricamente, habrían accedido sin dificultades a estos centros», señalan los afectados, que aseguran que la situación se viene repitiendo desde hace varios cursos, aunque este año el número de familias perjudicadas ha aumentado. El malestar se produce pese a que la Conselleria de Educación destacó que la gran mayoría de solicitudes han sido atendidas en la primera opción elegida. En este sentido, el conseller Antoni Vera informó de que el 88 % de los niños de tres años de la isla ha obtenido plaza en el centro solicitado en primer lugar para cursar 4º de Educación Infantil el próximo curso.
Solicitudes
En concreto, en Ibiza se registraron 988 solicitudes para este nivel educativo y 869 de ellas fueron asignadas a la primera opción seleccionada por las familias. El porcentaje se sitúa, sin embargo, por debajo de la media autonómica, que alcanza el 94 %. En Formentera, indicó, las 46 solicitudes presentadas obtuvieron plaza en el centro elegido como primera preferencia. La Conselleria también informó de que otros 265 alumnos, equivalentes al 4 % del total, fueron asignados a alguna de las opciones alternativas indicadas por las familias y permanecerán en lista de espera hasta el próximo 30 de septiembre ante la posibilidad de que se produzcan vacantes.
En total, 125 solicitudes no habían sido resueltas en esta primera fase y «sus familias serán atendidas por el servicio de Escolarización para garantizarles una plaza». Sin embargo, las familias críticas con el sistema consideran que estos datos globales no reflejan la realidad que viven quienes no han logrado acceder al centro deseado. «El problema no son las nueve familias que consiguen plaza, sino la décima que se queda fuera», sostienen los afectados, quienes aseguran que existe un perfil muy definido entre quienes no obtienen la primera opción solicitada.
Según explican, se trata mayoritariamente de familias formadas por dos progenitores trabajadores, que cotizan desde hace años, no perciben ayudas públicas y escolarizan por primera vez a sus hijos. Muchos de ellos, añaden, cuentan con un fuerte arraigo en Ibiza y con vínculos históricos con los centros solicitados.
«Estamos hablando de familias nacidas y criadas en nuestro sistema educativo, cuyos padres e incluso abuelos estudiaron en esos mismos colegios y que llevan décadas viviendo o trabajando en los mismos barrios», argumentan.
Los afectados cuestionan especialmente el peso que tienen determinados criterios socioeconómicos dentro del baremo actual. Explican que el sistema concede una puntuación decisiva a circunstancias económicas que terminan condicionando el acceso a los centros más demandados.
Puntuación
Asimismo, consideran contradictorio que algunas familias que acceden a plazas gracias a la puntuación adicional obtenida por acreditar rentas bajas o inexistentes opten por centros concertados, que implican gastos adicionales relacionados con cuotas, comedor escolar o uniformes. Para estás familias, esta situación evidencia la necesidad de revisar los criterios de escolarización para equilibrar factores sociales con otros vinculados al arraigo, la proximidad real al centro o la trayectoria familiar dentro de la comunidad educativa.
Las críticas no se limitan únicamente al sistema de puntuación. Las familias afectadas también ponen en cuestión los mecanismos de supervisión y control aplicados durante el proceso de baremación. En este sentido, denuncian que continúan sin recibir explicaciones claras sobre cómo se verifica la documentación aportada por los solicitantes ni qué procedimientos utiliza la Administración para garantizar una aplicación homogénea de los criterios en todos los centros educativos.
Los afectados recuerdan que la propia Administración establece que la comprobación de la documentación y la asignación de las puntuaciones corresponde a cada centro escolar, circunstancia que «puede generar diferencias de interpretación y posibles errores en la aplicación de los baremos». Por ello, varias familias ya han iniciado actuaciones administrativas encaminadas a solicitar la revisión del proceso de admisión, así como a reclamar mayores garantías de transparencia y mecanismos de fiscalización externos.
Desde la Conselleria, no obstante, insistieron en que el sistema se desarrolla conforme a la normativa vigente. Antoni Vera defendió que el procedimiento es «completamente transparente» y recordó que el proceso se regula a través del Decreto de Escolarización aprobado en 2024, una orden que desarrolla dicha normativa y una resolución específica para el curso 2026-2027. El conseller subrayó además que el sistema se basa en unos baremos previamente establecidos y en la disponibilidad limitada de plazas existentes en cada centro educativo. Pese a ello, las familias afectadas consideran que el debate sobre el modelo de escolarización está muy lejos de cerrarse y exigen la revisión del procedimiento.
HonderoEntiendo la frustración que genera este proceso, pero es importante aclarar un punto clave: los colegios concertados se financian con dinero público. Al recibir fondos del Gobierno, la ley los obliga a aplicar los mismos criterios de admisión que a un colegio público para garantizar la equidad. La baremación de la renta no la decide el colegio a dedo, sino que se cruza automáticamente con la Agencia Tributaria. Eliminar este criterio en la educación sostenida con fondos públicos dejaría desprotegidas a las familias más vulnerables. El sistema no busca premiar o castigar el estatus laboral, sino asegurar que la educación funcione como un corrector de desigualdades sociales. Agradezco su punto de vista para debatir sobre un tema tan complejo.