Uno de los grandes problemas que padecemos en Balears es la falta de vivienda asequible. Una situación que se ha ido agravando en los últimos años y que afecta de forma mayoritaria a los ciudadanos de estas Islas: casi el 90% se declara insatisfecho con la actual política de vivienda, según el CIS. Todos tenemos algún familiar y/o conocido que sufre la imposibilidad de encontrar un piso acorde a la renta media balear, ya sea en régimen de alquiler o compra. Un problema especialmente dramático entre los jóvenes, que les impide emanciparse todo y teniendo un trabajo estable.
Una situación que afecta a los ciudadanos residentes, a los que quieren venir a Balears a vivir o a trabajar en el sector privado y también en la Administración pública y, por supuesto, al sector de la construcción, que acoge 58.000 empleos y representa más del 25% del PIB de esta comunidad autónoma.
Precisamente esta semana todo este sector en las Islas asociado a la patronal CAEB (constructores, promotores, agentes inmobiliarios, pintores, carpinteros, yeseros, industriales del vidrio, empresas auxiliares, instaladores, fabricantes de materiales de construcción, etc.), ha alzado la voz para denunciar la delicada situación y el malestar creciente de un sector que se siente ignorado por una política urbanística que no está solucionando la grave falta de vivienda que padece esta comunidad autónoma.
Desde la patronal balear, en nombre de todas las asociaciones que dan cobijo a este importante sector (uno de los que ‘tira del carro' de la economía balear y que, recordemos, se mantuvo en pie durante los peores meses de la pandemia), no acabamos de entender por qué algunas de las medidas, como el Decreto Ley 10/2022 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística publicado el pasado 29 de diciembre en el BOIB, no tienen cabida en las mesas de diálogo que el Govern convoca regularmente para ir de la mano y buscar consensos en los problemas que más afectan a la ciudadanía de Balears.
Este decreto ha sido la gota que ha colmado el vaso, no hará más que encarecer aún más la vivienda y fomentará la especulación del suelo. Desde CAEB manifestamos nuestro profundo rechazo a ésta y las últimas medidas y restricciones que obstaculizan el desarrollo de vivienda asequible en Balears y solicitamos a los partidos políticos que reconsideren su posición ante un decreto en clave electoral.
La solución pasa por la búsqueda del consenso entre el sector privado y la Administración pública, con un pacto como mínimo a 20 años vista que sea respetado por todos los partidos políticos. Un acuerdo que otorgue estabilidad normativa, seguridad jurídica y eficiencia en la tramitación a un sector que ha sufrido 14 modificaciones legislativas en los últimos cuatro años, y que, no lo olvidemos, también apuesta por incentivar la utilización de materiales de construcción locales, sostenibles y reciclados para así potenciar a la industria local y favorecer la tan necesaria reindustrialización del Archipiélago.