Nuestro sistema económico promueve la coexistencia de la actividad privada, que se encauza a través de los mercados, y del sector público que se caracteriza por proveer bienes públicos y por intervenir en los mercados cuando se producen grandes desequilibrios. Es un sistema mixto bajo el que operan los países europeos y gran parte del resto del mundo. Desde la pandemia, el mundo ha dado un giro que está generando mucha incertidumbre e inquietud. Las relaciones humanas y la de los países se han deteriorado. Hay dos guerras importantes que nos afectan emocional y económicamente. Hay un giro radical de Estados Unidos con Europa. El imperio americano se está desmoronando y nos arrastra con él. Los efectos del cambio climático se manifiestan con sequías y tormentas afectando a nuestros recursos alimenticios. A nivel más inmediato, la vivienda, los alimentos, la masificación, la energía y el transporte son retos cotidianos de los europeos.
La vivienda y la masificación turística son dos grandes retos que tiene España. Actualmente hay una gran tensión social porque una cuarta parte de la población está en búsqueda activa de vivienda, sea compra o alquiler, y en ambos mercados hay un fuerte desequilibrio, por lo que la mayoría no podrán conseguirla. La demanda de viviendas crece sin cesar a un fuerte ritmo afectando especialmente a las grandes ciudades, la costa mediterránea y las islas. Las causas que la generan son demográficas (nuevos hogares, inmigración), y la búsqueda de trabajo, calidad de vida, facilidad de transporte. Su crecimiento es muy flexible e inmediato. Sin embargo la oferta es rígida e insuficiente. Se ha construido muy poco en estos últimos 15 años desde la gran recesión inmobiliaria y bancaria (2009-2013) y construir es lento y todo un proceso y unos costes elevados. La demanda supera cinco veces a la oferta. Una demanda flexible y una oferta rígida y escasa lleva a un precio elevado.
La vivienda es tanto un bien de consumo como un bien de inversión. En el primer caso estamos hablando del hogar o lugar donde se vive y en el segundo el objetivo de la misma es el alquiler y/o la revalorización.
Con la emigración a las ciudades de los años 50 del pasado siglo, las viviendas cerradas de los pueblos pasaron a ser segundas residencias para las vacaciones de verano. Y desde finales del pasado siglo, con el aumento del nivel de vida, muchas familias pudieron disfrutar de una segunda vivienda en la costa para sus vacaciones... Las segundas residencias han sido una característica inmobiliaria muy española, a diferencia de la mayoría de los países europeos. Con la apertura de la economía a Europa, muchos europeos también se sumaron a comprar segundas residencias en España. Venían con el poder de su moneda, más fuerte que la peseta (marco, libra, franco) y se extendieron por toda la costa mediterránea. Alicante ha sido el destino mayoritario de las segundas residencias de los madrileños y la Costa Brava, de los barceloneses. En la medida que la usaban como residencia privada para vacaciones se considera como un bien de consumo duradero, pero con el paso del tiempo puede considerarse un bien de inversión si aumenta su valor o la alquila para obtener un rendimiento. El crecimiento de las segundas residencias en Balears ha sido espectacular. Según Última Hora en 14 municipios de Mallorca más del 50% de los inmuebles no son principales, son segundas residencias, están vacíos o se alquilan a turistas. En Balears hay casi cincuenta mil familias que tienen segundas residencias.
La vivienda como inversión ya es la que más crece de todos los tipos de vivienda, intensificando la riqueza de los más ricos y creando mayor desigualdad personal y regional. Según el Banco de España, la rentabilidad anual de la vivienda en alquiler ha aumentado aceleradamente cada trimestre y supera actualmente el 15% anual. Esta alta rentabilidad atrae fondos de todo el mundo para esa inversión. En la riqueza media por hogar Balears ya es la segunda comunidad más rica después de Madrid. Con este desequilibrio que impide completar el Estado de Bienestar ¿qué hace la administración pública (las Comunidades Autónomas son las competentes) para proveer el bien público de la vivienda?. Desde 1981 a 2012 se construyeron y vendieron 2,4 millones de viviendas protegidas, pero su paso a viviendas libres ha reducido su importancia social. Desde la crisis de 2012 se han construido sólo unas pocas miles de viviendas protegidas, concentradas en Madrid, País Vasco y Catalunya mientras en el resto de comunidades apenas se ha construido. Desde la gran crisis hasta la actualidad no se han incluido mecanismos de financiación ni objetivos de viviendas protegidas a construir. Las políticas de austeridad adoptadas durante la crisis impidieron los planes de vivienda protegida y su financiación.
En el próximo artículo desarrollaremos la intervención en el mercado de la vivienda y su regulación, así como las medidas contra la masificación turística.