En las sociedades más desarrolladas, la salud es uno de los más claros indicadores de las desigualdades sociales. En este sentido, como señala Harold Kerbo, sociólogo estadounidense, la estratificación es un sistema que distribuye de forma desigual los recursos, las oportunidades y el poder entre las personas, según su posición en la estructura social. Cabe destacar que esta estratificación no sólo afecta al acceso a la educación, la vivienda o el trabajo, sino también tiene un impacto en la salud de las personas. Así, el acceso universal a la salud se presenta como una herramienta clave para disminuir los efectos más graves de la desigualdad.
En ese sentido, el caso español parece paradigmático. Y es que a diferencia de otros países, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la atención sanitaria depende de la capacidad económica de las personas. Por el contrario, España ha instaurado un sistema de salud, donde se considera que la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, hay que poner de manifiesto que este hecho, en el papel queda muy bien, pero no es del todo cierto. Y es que esa universalidad no garantiza una igualdad real de acceso para todos. De hecho, las desigualdades en la salud no sólo persisten, sino que se ven agravadas por barreras estructurales que afectan especialmente a los colectivos más empobrecidos y excluidos. En este sentido, una de las barreras más graves y habituales en el contexto balear es la imposibilidad de empadronarse, por no poder acceder a un alquiler. En consecuencia, si no pueden empadronarse, las personas no pueden obtener tarjeta sanitaria y, por tanto, no pueden acceder a la atención primaria ni a muchos servicios especialidades. Y es que sólo pueden acceder a urgencias en los hospitales o de los centros de salud. Así pues, esta situación vulnera el derecho a la salud y por perpetua una exclusión institucionalizada.
Asimismo, también hay que tener presente las barreras económicas, esto es, la denominada pobreza farmacéutica, que se refiere a la situación en la que una persona no puede asumir el coste de los medicamentos que le han sido prescritos, debido a la falta de recursos económicos. Esta realidad, aunque menos visible, tiene consecuencias graves en la adherencia a los tratamientos y en el empeoramiento de la salud, lo que evidencia que la universalidad del sistema sanitario no siempre se traduce en igualdad efectiva.
Consecuentemente, teniendo presentes las afirmaciones de Kerbo, las desigualdades sociales tienen una base estructural, como sucede en las Balears, y no son fruto del resultado de las decisiones de las personas. No en vano, la salud es un reflejo de las condiciones sociales en las que viven las personas. Por tanto, se debe trabajar para que el acceso universal de la salud sea una realidad para todos, pero debe ir acompañado de un compromiso político, dado que sólo así será un mecanismo de compensación de las desigualdades. En este sentido, es vital que todas las personas, independientemente de su situación habitacional o económica, entre otros factores, puedan hacer efectivo el derecho fundamental de la salud. Todo ello para conseguir unas sociedades justas y equitativas para todos, indistintamente de su posición en la estructura social.