El Consejo de Ministros aprobó el martes 13 un real decreto para regularizar alrededor de 500.000 inmigrantes. En este caso, el Partido Socialista cuenta con el apoyo de sus partidos a la izquierda, la Iglesia, los sindicatos y la patronal, ésta última con la boca pequeña. En contra, el Partido Popular y Vox. El tema de la inmigración que debería concitar un alto grado de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios viene siendo, por el contrario, un motivo más de controversia y enfrentamiento.
Es un hecho incontestable que nuestro país, por su baja natalidad y el paulatino envejecimiento de su población, necesita, como agua de mayo, flujos migratorios para cubrir las necesidades de mano de obra que se derivan de nuestra economía y del Estado de bienestar que disfrutamos. El dato es elocuente. Actualmente residen en España aproximadamente diez millones de personas no nacidas en nuestra piel de toro, de las cuales la mitad son latinoamericanas.
Por otra parte, según datos oficiales, a finales del pasado año el 14,1 % de las personas afiliadas a la Seguridad Social eran de origen extranjero. Estamos hablando de un contingente de cotizantes superior a los tres millones de personas que ayudan al sostenimiento actual de nuestro sistema de pensiones e impulsan nuestra economía. Además, también es importante subrayarlo, contribuyen a mejorar nuestra recaudación tributaria y a cubrir la demanda laboral en sectores de bajos salarios y extensivos en mano de obra poco cualificada. Estas son, sucintamente, una parte de las fortalezas que a corto y medio plazo se advierten en el fenómeno de la inmigración.
Ahora bien, a largo plazo la cosa puede cambiar si estos inmigrantes no evolucionan hacia trabajos de mayor valor añadido y continúan con salarios precarios y períodos de desempleo; en este supuesto, pueden convertirse en receptores netos en la jubilación. De todas formas, durante el tiempo que hayan cotizado habrán contribuido al sostenimiento del sistema. No obstante, aunque algunos inmigrantes acaben siendo receptores netos, el sistema, a nivel global, no pierde con la inmigración. Resumiendo. Pienso que la regularización extraordinaria que se pretende llevar a cabo, siempre que el Gobierno atienda las recomendaciones que ha planteado el Consejo de Estado, puede ser positiva, fundamentalmente, porque las personas a las que afecta ya conviven y trabajan entre nosotros. Legalizar su situación supondrá un incremento de las cotizaciones y de la recaudación fiscal y, al mismo tiempo, reducirá el montante de la economía sumergida.
Si bien, no deja de ser cierto que sería mejor no tener que hacer uso de este mecanismo, si los responsables políticos fueran más vigilantes a la hora de evitar las entradas irregulares de inmigrantes. Me permito un apunte final. No nos aprovechemos de la inmigración para perpetuar en nuestro país una política económica poco productiva que provoca que nuestro PIB per cápita no levante cabeza y siga por debajo de la media de nuestros socios comunitarios. Como afirman los expertos: «crecer sin ganar productividad, solo porque aumenta la población y los empleos, en realidad es una manera de empobrecerse». Tengámoslo muy presente.