El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, acusó este jueves a la propietaria de Casa Lola, Francisca Ordóñez, de ser la impulsora de la ‘okupación’ de su propia villa en es Cubells.
Vicent Roig realizó dicha afirmación durante el pleno de ayer, en el que se debatió una moción presentada por el PSOE para que se tomaran medidas ante el incremento de inseguridad en la zona de Davall sa Serra por la presencia de decenas de okupas en esta propiedad de la empresaria conocida como Paquita Marsan. La portavoz del PSOE, Pilar Ribas, echó en cara al alcalde que, si no se hubiera retrasado el expediente para derribar las construcciones ilegales que quedan en pie en Casa Lola, «seguramente no habría tantos okupas». Ante esta aseveración, Roig aseguró que «cuando la okupación viene impulsada por la propia propiedad, es muy difícil poder afirmar esto».
Los socialistas consideran que el equipo de gobierno del PP está retrasando la tramitación de un expediente sancionador por unas ilegalidades urbanísticas que fueron detectadas en Casa Lola posteriormente al derribo del año 2022, una orden de demolición que había tardado 12 años en hacerse efectiva.
La concejala socialista Pilar Ribas explicó que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares había confirmado recientemente la condena a la propiedad por incumplir aquella orden de derribo y que debía devolver al Ayuntamiento el medio millón de euros que costó el derribo de las obras ilegales que Sant Josep ejecutó en su día de forma subsidiaria.
Ya en noviembre de 2024, un informe municipal constató la existencia de nuevas construcciones ilegales en Casa Lola como cobertizos, anexos, una discoteca, y más de 500 m2 de edificación nueva valorados en 2,4 millones de euros.
El Ayuntamiento de Sant Josep, pese a la gravedad de las infracciones urbanísticas detectadas en Casa Lola, ha caducado en dos ocasiones sendos expedientes urbanísticos al ser incapaz de resolverlos durante el año de plazo que tiene para ello. «La caducidad no es una renuncia a defender el interés público», apuntó ayer el alcalde Roig, que se refirió a la «prudencia legal» a la hora de justificar la caducidad de estos expedientes, cuya tramitación calificó de «carrera de obstáculos».
Vicent Roig también justificó su negativa a apoyar la moción socialista «porque aprobar cualquiera de los puntos supondría validar la falsa narrativa de inacción y un relato que no corresponden en absoluto con la realidad y el trabajo riguroso de nuestros servicios municipales».
El alcalde jordier señaló que los Servicios Sociales han intervenido de oficio «desde el primer minuto» y que no se han detectado casos de vulnerabilidad.
Roig aseguró que se lleva a cabo un «seguimiento continuo contra la okupación ilegal garantizando seguridad en Davall sa Serra», mientras que la intención de los socialistas es «sembrar dudas sobre el trabajo de nuestros técnicos», pero que se actúa «con firmeza y rigor jurídico».
También apuntó el alcalde que ya tienen fecha para que el celador del Ayuntamiento de Sant Josep acuda a Casa Lola y poder abrir «un expediente completo», mientras que todavía están pendiente el pago de 100.000 euros del derribo de Casa Lola porque «alguien dio la orden in voce de hacer cosas que no correspondían».
Vicent Roig aseguró que su equipo de gobierno trabaja «para que la paz vuelva a Davall sa Serra, para que los vecinos puedan vivir con tranquilidad y una madre pueda dejar a su bebé en la cuna y no se encuentre a alguien vigilándolo porque había saltado la valla».
En cuanto a la propietaria de Casa Lola, Paquita ‘Marsan’, Vicent Roig apeló a que «esta persona no tenga la apariencia de impunidad y cambiemos la normativa para que la policía pueda entrar cuando tengamos la evidencia de que se está llevando una actividad en una vivienda», apuntó en relación a la celebración de fiestas ilegales en villas.
Los socialistas denunciaron que Casa Lola se ha convertido en un asentamiento con «decenas de personas sin luz ni condiciones dignas, graves episodios de violencia, incluida una agresión sexual» donde también se estarían cobrando «alquileres ilícitos a personas vulnerables», además de ‘pinchar’ la luz y robar agua a los vecinos. Unos hechos denunciados desde hace meses en las páginas de Periódico de Ibiza y Formentera.
«Resulta imprescindible se actúen con celeridad para demolición construcciones ilegales», señaló la socialista Pilar Ribas al equipo de gobierno, mientras que Josep Antoni Prats, portavoz de Ara Eivissa, aseguró que «tengo la sensación de que se están alargando los plazos innecesariamente, que el alcalde no está haciendo todo lo que podría hacer».
Soy Fachano digas subnormaladas anda...