Cuando acudimos a una farmacia es habitual que el farmacéutico nos ofrezca un medicamento genérico en lugar del de marca. Para la mayoría de los ciudadanos se trata ya de un concepto familiar: un medicamento con el mismo principio activo, la misma dosis y las mismas garantías de calidad, eficacia y seguridad que el original, comercializado una vez finaliza la protección de su patente. Mucho menos conocido resulta el término biosimilar. Se trata de un medicamento biológico desarrollado a partir de organismos vivos o de sus células que, aunque no constituye una copia idéntica debido a la complejidad de su fabricación, debe demostrar una calidad, eficacia y seguridad comparables a las del medicamento de referencia antes de ser autorizado.
En la última década, el protagonismo de ambos tipos de medicamentos ha aumentado. En España, los genéricos representan el 47,4% de los envases dispensados, aunque únicamente el 24,5% del importe facturado, lo que refleja su importante contribución a la eficiencia del gasto farmacéutico. En paralelo, los biosimilares han experimentado una expansión significativa. Según la OCDE, su cuota de mercado pasó del 1% en 2013 al 22% en 2023 en los países donde existe competencia. Además, según BioSim, estos medicamentos generaron un ahorro acumulado de 5.803 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud entre 2020 y 2023, y las previsiones apuntan a que esta cifra podría superar los 22.000 millones antes de 2030. Esta evolución adquiere especial relevancia en un contexto de crecimiento sostenido del gasto farmacéutico. La incorporación progresiva de genéricos y biosimilares constituye una herramienta esencial para mejorar la eficiencia y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.
Su creciente implantación plantea, sin embargo, una cuestión de fondo. Cuanto mayor es la competencia que introducen estos medicamentos tras la expiración de las patentes, mayor es también la presión sobre los tratamientos innovadores. Esta competencia reduce los precios y mejora el acceso de los pacientes, pero al mismo tiempo obliga a reflexionar sobre cómo preservar un entorno que permita recuperar las elevadas inversiones necesarias para desarrollar nuevas terapias.
Desarrollar un nuevo medicamento continúa siendo un proceso largo, complejo y costoso. En 2022, la industria farmacéutica destinó más de 129.000 millones de dólares a investigación y desarrollo en todo el mundo. En España, la inversión alcanzó los 928 millones de euros, unos 20 euros por habitante, claramente por debajo de la media de la Unión Europea.
En este contexto, Europa se enfrenta al desafío de mantener un marco regulatorio que favorezca simultáneamente el acceso a medicamentos más asequibles y la capacidad de atraer inversión en investigación biomédica. El debate no gira en torno a la conveniencia de impulsar los medicamentos genéricos y biosimilares, sino a cómo compatibilizar su expansión con unos incentivos para seguir desarrollando los tratamientos del futuro. Más que una elección entre competencia e innovación, el verdadero reto consiste en encontrar el equilibrio entre ambas. Porque garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios es tan necesario como preservar la capacidad de seguir investigando. Solo conciliando ambos objetivos será posible obtener medicamentos más accesibles hoy, sin renunciar a las terapias que necesitaremos mañana.