Hubo un tiempo en el que operar al margen de la legalidad en Eivissa apenas tenía consecuencias. El alquiler turístico ilegal proliferaba en las principales plataformas digitales, los conocidos como taxis pirata actuaban con relativa impunidad en el aeropuerto y las zonas turísticas y muchos empresarios denunciaban una competencia desleal que erosionaba la imagen del destino. Ese escenario que se vivió en la última legislatura progresista en el Consell d’Eivissa ha cambiado de forma significativa desde que Vicent Marí (PP) tomara las riendas de la máxima institución insular de Eivissa.
Las cifras que maneja el Consell d’Eivissa reflejan una transformación profunda respecto a 2019. La recaudación efectiva derivada de los expedientes sancionadores en materia de transporte y ordenación turística se ha multiplicado por más de tres y, lo que resulta más relevante para la institución insular, los indicadores empiezan a mostrar que el efecto disuasorio de las inspecciones está reduciendo la actividad ilegal.
El vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Ordenación Turística y Transportes, Mariano Juan, resume la filosofía que ha guiado esta estrategia con una frase que repite con frecuencia: «El objetivo del Consell d’Eivissa nunca ha sido recaudar más, sino reducir progresivamente la actividad ilegal y proteger a quienes cumplen la normativa». Ese planteamiento supone un cambio de enfoque respecto a los primeros años de la lucha contra el intrusismo. Si entonces el éxito se medía casi exclusivamente por el número de expedientes abiertos, ahora el Consell sostiene que el verdadero indicador será que cada vez haya menos infracciones porque el incumplimiento deje de resultar rentable.
SANCIONES EFECTIVAS.
Los datos ilustran esa evolución. Hasta mediados de julio de este año, el Consell había ejecutado el cobro de 818.515,64 euros en sanciones, de los que 213.664,98 euros corresponden a expedientes de transporte y 604.850,66 euros a infracciones relacionadas con la ordenación turística. La cifra multiplica por más de tres la recaudación efectiva registrada en 2019 y consolida una tendencia iniciada durante los últimos ejercicios. Sin embargo, desde la máxima institución insular de Eivissa insisten en que el incremento de la recaudación no constituye un fin en sí mismo. «La mejor sanción es la que no se tiene que imponer porque la infracción ya no se comete», afirma Mariano Juan, quien considera que el objetivo final consiste en que la presión inspectora termine reduciendo el número de expedientes abiertos.
Esa idea cobra todavía más sentido si se tiene en cuenta que el Consell ha endurecido recientemente determinadas sanciones. El incremento de las cuantías previsiblemente provocará un mayor número de recursos judiciales por parte de los infractores, lo que retrasará la ejecución económica de muchos expedientes. Por ello, el Consell considera que los datos de recaudación deberán interpretarse junto a otros indicadores como la reducción de la oferta ilegal o la disminución de la presión humana sobre la isla.
Uno de esos indicadores se encuentra en el mercado del alquiler turístico. El Consell d’Eivissa ha conseguido en los últimos años que hayan desaparecido cerca de 4.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales de las principales plataformas digitales gracias a los convenios suscritos con las mismas. Una cifra especialmente significativa si se compara con la situación existente antes de la pandemia, cuando el control sobre este tipo de oferta era mucho más limitado. La retirada de miles de anuncios ha coincidido, además, con un descenso de la presión humana durante el presente verano. Según los datos manejados por la institución insular, Eivissa registra unas 19.000 personas menos al día respecto al verano anterior, pese a que la población residente continúa creciendo. Para el Consell, ambos indicadores demuestran que la estrategia de contención turística comienza a ofrecer resultados visibles.
TAXIS PIRATA.
La evolución resulta especialmente llamativa en el transporte ilegal. En este sentido, el año pasado el Consell d’Eivissa abrió 630 expedientes sancionadores, inmovilizó 162 vehículos que realizaban transporte clandestino y alcanzó una recaudación récord de 710.752,95 euros en sanciones relacionadas con esta actividad. Muchos de esos vehículos terminaron finalmente convertidos en chatarra tras completarse todo el procedimiento administrativo. Sin embargo, el dato que más llama la atención aparece este año. Hasta el pasado 9 de julio ya se habían abierto incluso más expedientes (un total de 636), pero únicamente se habían inmovilizado 18 vehículos, lo que supone una reducción del 89% respecto al conjunto del ejercicio anterior.
Lejos de interpretarlo como una menor actividad inspectora, el Consell d’Eivissa afirma que este dato que refleja precisamente el efecto preventivo del dispositivo. «El año pasado hicimos un trabajo muy intenso. Ahora los datos demuestran que aquel esfuerzo está dando frutos y que cada vez hay menos vehículos que se atreven a operar al margen de la ley», sostiene Mariano Juan. El conseller añade otra reflexión que resume el cambio experimentado: «No hay mejor inmovilización que la que no se tiene que producir porque hemos conseguido disuadir a los taxis pirata antes de que cometan la infracción».
También en el ámbito del transporte se han incorporado este año novedades. Una de ellas consiste en facilitar que residentes y turistas identifiquen fácilmente los operadores que trabajan dentro de la legalidad. Con ese objetivo, el Consell ha renovado completamente la página web del transporte público insular, incorporando mapas interactivos, información en tiempo real sobre la llegada de los autobuses, localización de los vehículos mediante la función ‘Ver bus’ y una navegación mucho más intuitiva. La otra gran novedad en el ámbito del transporte se encuentra en el aeropuerto de Eivissa. Los viajeros encuentran ahora una nueva señalización que dirige directamente hacia los servicios oficiales de taxi y autobús, acompañada del denominado sello de transporte verificado. Esta acreditación identifica a las empresas que, además de cumplir toda la normativa, disponen de planes de igualdad, formación continua, certificaciones de calidad, personal técnico cualificado e instalaciones adecuadas, además de encontrarse al corriente de todas sus obligaciones fiscales y laborales. «Seguimos dando pasos para facilitar el uso del transporte público y, al mismo tiempo, continuar luchando contra el intrusismo», explica Mariano Juan. Y añade: «El sello de transporte verificado permite diferenciar a los profesionales que cumplen, ofrecen calidad y apuestan por un servicio excelente».
COORDINACIÓN.
Detrás de estos resultados existe un importante trabajo de coordinación administrativa. Así, desde el Consell d’Eivissa se destaca la colaboración permanente con la Guardia Civil, las policías locales, los ayuntamientos AENA y el Govern balear, organismos que han permitido incrementar la eficacia de las inspecciones y agilizar la actuación contra el intrusismo en variantes como el transporte o el alquiler de pisos a turistas. El propio Consell reconoce que todavía queda trabajo por hacer y afirman que la inspección continuará reforzándose y la actividad ilegal no ha desaparecido completamente. Pero el mensaje institucional es claro: incumplir la normativa ya no resulta tan sencillo ni tan rentable como en 2019.