El pederasta Daniel Galván, detenido ayer en Murcia tras ser revocado su indulto en Marruecos, ha ingresado hoy en prisión de forma provisional por orden de la Audiencia Nacional mientras se resuelve su posible extradición o se acuerda que cumpla el resto de su condena en España.
Galván permanecerá de momento en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde ingresó a las 13:10 horas, en tanto se busca una solución legal a su caso, que estudian ya los Ministerios de Justicia de España y Marruecos. Desde la oposición, el PSOE e IU han reclamado hoy al Gobierno y al CNI más explicaciones sobre el asunto.
El pederasta fue puesto esta mañana a disposición de la Audiencia Nacional tras ser trasladado de madrugada desde Murcia, después de ser detenido la tarde del jueves en un hotel de la capital en virtud de una orden internacional de detención con vistas a su extradición promovida por Marruecos.
Tras tomarle declaración durante casi 45 minutos, el juez de guardia, Fernando Andreu, ha decretado su prisión provisional ante el riesgo de fuga y la gravedad de la pena impuesta (30 años de cárcel) mientras se decide si cabe o no su extradición a Marruecos.
El magistrado ha asumido la petición que en este sentido le había hecho el fiscal Pedro Martínez Torrijos.
Galván se ha negado a ser extraditado y ha invocado su arraigo en España por sus amistades y por tener una casa en Torrevieja (Alicante). Durante su estancia en la Audiencia Nacional ha sido reconocido por un forense, que ha certificado que padece ansiedad.
En el auto de prisión, el juez ha subrayado que Galván «carece de arraigo, familiar, social, económico o de otro tipo que neutralice la tentación de ponerse fuera del alcance» de la Justicia.
Andreu indica en su resolución que el pederasta fue detenido en un hotel de la ciudad de Murcia, donde, según él mismo ha declarado, se fue «con el fin de descansar» y si bien ha facilitado una dirección como paradero, esta corresponde al domicilio de un amigo.
Aunque Galván cuenta con la nacionalidad española, indica el juez, nació en Irak y adquirió la nacionalidad en España al casarse con una mujer española, de la que se encuentra divorciado.
El propio detenido, que ha sido asistido por un abogado de oficio, que ha pedido su puesta en libertad, ha relatado al juez que su vida ha transcurrido mayoritariamente en Irak y en España, si bien ha estado residiendo en distintos países como Egipto, Siria, Jordania, Reino Unido o Marruecos.
Según el juez, el riego de fuga aumenta además mientras «más grave sea la pena asignada al delito», que en este caso se trata de una condena de 30 años de la que solo ha cumplido dos.
Sobre la orden de detención dictada por Marruecos, Andreu asegura que «contiene todos y cada uno de los requisitos formales» establecidos en el Convenio de Extradición y ha sido emitida «a fin de asegurar el cumplimiento de la pena impuesta» de 30 años que le fue impuesta por la Corte de Apelación de Kenitra, y de la que le quedan por cumplir 27 años, 3 meses y 27 días.
No obstante, advierte de que «no es este el momento procesal» para determinar la decisión final sobre la reclamación efectuada».
Según el juez, las circunstancias en que se produjo el indulto y su posterior anulación deberán ser analizadas una vez tenga entrada toda la documentación, para lo que Marruecos cuenta con un plazo de 40 días.
Cuando se reciba, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que estudie la petición de entrega de las autoridades marroquíes, aunque el convenio de extradición entre Marruecos y España ya establece que ninguno de los dos Estados extraditará a sus nacionales y Galván cuenta con la nacionalidad española.
Tras la orden de prisión, una delegación marroquí mantuvo esta tarde una primera reunión de carácter técnico con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, cuyo director, Ángel Llorente, ha dicho que la posibilidad de que Galván cumpla condena en España «parece bastante razonable», ya que si no hubiera sido indultado «erróneamente» se estaría tramitando esta posibilidad.
En Torrevieja, el padre de una menor residentes en esta localidad alicantina ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra el pederasta por presuntos «abusos sexuales» cometidos contra la pequeña.
Fuentes próximas al caso han informado a EFE de que los hechos ahora denunciados se produjeron «hace unos años» coincidiendo con un periodo en el que Daniel Galván residió en este municipio de la costa alicantina, donde, según otras fuentes, tiene una vivienda.
Desde el PSOE, la secretaria de Política Social del PSOE y exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, ha pedido al Gobierno que aclare si entre los 48 presos indultados por el rey de Marruecos hay otras personas condenadas por delitos graves y que pueden ser peligrosos, como el pederasta.
Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha pedido la comparecencia ante la comisión de secretos oficiales del Congreso del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para que informe del papel de este centro en el indulto del pederasta en Marruecos.