El Tribunal Internacional del Mar ordenó ayer a Rusia liberar el barco de Greenpeace Arctic Sunrise y a toda su tripulación en cuanto Holanda, bajo cuya bandera navegaba la embarcación, pague una fianza de 3,6 millones de euros.
El tribunal, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, estableció esta garantía bancaria como medida provisional mientras se constituye un tribunal de arbitraje que dirima el conflicto.
Por diecinueve votos contra dos, los jueces del tribunal atendieron la demanda presentada por Holanda y determinaron que Rusia, que no participó en la vista al no reconocer la autoridad de la corte en este caso, debe permitir que los activistas abandonen el país y sus aguas territoriales en cuanto se deposite la garantía.
«La situación del barco Arctic Sunrise no entra dentro de la jurisdicción del Tribunal del Mar», reiteró el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores en un comunicado nada más conocer el auto.
Bajo fianza
Las autoridades rusas han concedido ya la libertad bajo fianza a 27 de los treinta activistas encarcelados en septiembre por haber organizado una protesta contra una plataforma de la petrolera pública rusa Gazprom en el Ártico.
No obstante, el Servicio de Migración de Rusia ha asegurado que los activistas no pueden abandonar el país hasta que se celebre el juicio que se está instruyendo en su contra por un delito de gamberrismo, penado con hasta siete años de cárcel.
El Tribunal Internacional del Mar (ITLOS) atendió con su resolución las peticiones del Gobierno holandés, que reclamó la aplicación de medidas provisionales alegando que mantener inmovilizado el barco Arctic Sunrise y detenida a su tripulación tendría «consecuencias irreversibles».
Según la documentación aportada en el juicio e incluida en el auto hecho público ayer, antes de interponer su demanda ante el ITLOS, Holanda preguntó a Rusia si procedería a la liberación de los activistas a cambio de una fianza, pero nunca obtuvo respuesta de Moscú.
En opinión de los jueces, el hecho de que Rusia no compareciera en la vista oral no supone un impedimento para dictar esas medidas, ya que Moscú declinó presentar sus alegaciones a pesar de tener la posibilidad de hacerlo.