La Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo de China, aprobó este sábado dos esperados avances en política social y de derechos humanos del régimen comunista, el fin de los controvertidos campos de reeducación y la relajación de la no menos criticada política del hijo único.
Ambas decisiones han sido tomadas en la última reunión del año de la ANP, tras una semana de deliberaciones y un mes y medio después de que el Partido Comunista de China (PCCh) prometiera éstas y otras reformas sociales y económicas.
Los campos de reeducación mediante el trabajo ("laojiao") son abolidos casi 60 años después de que fueran instaurados por el régimen entonces liderado por Mao Zedong, «tras cumplir su misión histórica», según aseguró hoy la agencia oficial Xinhua.
La ANP especificó que, una vez promulgada la resolución, aquellos que cumplen pena en estos centros serán libres, aunque también subraya que los castigos que fueron impuestos antes de la abolición son «válidos».
El sistema de campos de reeducación fue instaurado en 1957 como un sistema para posibilitar castigos rápidos a delincuentes menores y ordenar privaciones de libertad de hasta cuatro años sin necesidad de sentencia judicial (bastaba con una decisión policial).
El «laojiao» acabó convirtiéndose en una herramienta política y sirvió por ejemplo para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra «derechistas» de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Los abusos siguieron en décadas posteriores, y además de servir de centros de retención contra prostitutas, drogadictos o ludópatas, se utilizaron como castigo a sujetos «incómodos» para el régimen, desde disidentes a peticionarios o miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999.
El pasado año, el caso de Tang Hui, una madre china que fue confinada en estos campos por pedir a las autoridades justicia contra quienes habían violado y prostituido a su hija de 11 años, sensibilizó enormemente a la sociedad nacional y se multiplicaron las voces contra estos campos, incluso en el seno del régimen.
Estimaciones de grupos de derechos humanos calculan que hasta 300.000 personas por año fueron confinadas en estos centros, muchos de ellos secretos y que según organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos violaban la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, firmada por el Gobierno chino en 1998 pero aún no ratificada.
La abolición de los «laojiao» es recibida con esperanza pero también con cautela por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional, con una larga historia de críticas a estos centros de castigo, teme por ejemplo que tras la reforma sólo cambie la apariencia de estos campos y se mantengan los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.
«China debe asegurarse que la reforma no termina en otro instrumento que siga permitiendo violaciones de derechos humanos», señala un artículo de opinión muy crítico contra estos campos que hoy publica el oficial «China Daily».
Respecto a la reforma legal de la política del hijo único también oficializada hoy, permitirá un segundo vástago a las familias en las que uno de los cónyuges carezca de hermanos (antes esta excepción sólo se ofrecía si tanto el padre como la madre cumplían el requisito).
La resolución establece que ahora está en manos de las asambleas provinciales chinas la puesta en práctica de la nueva política, ya que la aplicación de ésta varía según cada división administrativa.
El parlamento de Pekín, por ejemplo, ya ha empezado a debatir los cambios, y se calcula que en la capital entrarán en vigor hacia marzo de 2014, fecha en la que otras zonas más desarrolladas del país podrían adoptarla también.
Autoridades sanitarias y de planificación chinas calculan que esta reforma hará que nazcan dos millones de niños chinos más cada año, aumentando de siete a nueve millones la cifra total de nacimientos anuales.
La política del hijo único se inició a finales de los 70 y principios de los 80 para frenar la superpoblación, pero en los últimos años expertos y legisladores chinos han abogado por su relajación, debido a problemas derivados de ella como el rápido envejecimiento poblacional o la escasez de mano de obra.
En 2012 la población activa china bajó en 3,45 millones de personas, mientras que los chinos mayores de 60 años son ya casi la tercera parte del total (400 millones), tendencias que unidas ponen en peligro la continuidad del crecimiento de la segunda economía mundial.
El régimen comunista argumenta que si la política del hijo único no se hubiera aplicado actualmente el país acusaría mayores problemas de superpoblación, pues tendría 1.700 millones de habitantes, en lugar de los 1.300 millones actuales.