Casi 20.000 personas han firmado una petición a través de internet para reclamar a las autoridades japonesas que liberen a Megumi Igarashi, conocida como la «artista de la vagina», detenida el pasado sábado por distribuir material obsceno según el código penal nipón.
La petición, dirigida a la policía metropolitana de Tokio e impulsada a través de la plataforma Change.org, acumulaba 18.976 signatarios a las 14.15 hora local (5.30 GMT) y refleja el gran revuelo causado en Japón por el caso de Igarashi, que también ha sido recogido por los medios internacionales.
Igarashi es una artista de 42 años residente en Tokio que, aunque trabaja bajo el alias de Rokudenashi-ko ("chica mala"), se ha ganado el sobrenombre de «artista de la vagina» por sus diversas esculturas e instalaciones de arte pop inspiradas en los genitales femeninos.
La artista permanece detenida desde el pasado sábado por haber supuestamente distribuido material obsceno, y en particular, por enviar datos digitales que permitirían reproducir sus genitales con una impresora en tres dimensiones, a cambio de una suma de dinero.
Kayak
Igarashi puso en marcha una iniciativa de «crowdfunding» en la red con el objeto de recaudar fondos para construir un «kayak» con la forma del aparato reproductor femenino, y hasta la fecha habría conseguido un millón de yenes (7.200 euros; 9.800 dólares) de unos 125 donantes, según datos de la policía nipona.
La artista, que protagonizó una muestra en Tokio el pasado mayo, alegó que únicamente envió a sus donantes datos digitalizados y afirmó que no considera la información para la impresión en 3D como material obsceno.
Su objetivo es «desafiar los tabúes» y «luchar contra la discriminación» sobre la sexualidad femenina en la sociedad japonesa, según afirmó la propia Igarashi, quien también anunció su intención de «defenderse ante la justicia», en declaraciones recogidas por el diario Japan Times.
La petición a través de internet emplea estos mismos argumentos y destaca asimismo que las «expresiones» de Igarashi «no vulneran los derechos humanos» y «no se realizan en el espacio público».
El código penal nipón prohíbe la distribución de materiales «obscenos», aunque no incluye una definición exacta de esta categoría.
En la práctica, las reproducciones de genitales humanos que aparecen en medios audiovisuales -por ejemplo, en la industria pornográfica nipona- son censuradas para evitar problemas legales.
De ser declarada culpable, Igarashi podría ser condenada a una pena de hasta dos años de prisión o multada con 2,5 millones de yenes (18.210 euros; 24.769 dólares), según los medios nipones.