Con una sombría alianza que iba más allá de los votos matrimoniales, el exalcalde del municipio mexicano de Iguala y su esposa tenían un largo historial de actos sangrientos y lazos con el crimen organizado antes de ser detenidos este martes por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace más de un mes.
A la espera de que las autoridades den con el paradero de Felipe Flores, el secretario de Seguridad Pública (máximo responsable policial) de Iguala, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda son considerados piezas clave en este caso que ha dado la vuelta al mundo y provocado una fuerte sacudida en México.
Padres de dos hijas de 24 y 17 años, y de un hijo de 14, la pareja se esfumó el pasado 30 de septiembre tras pedir él una licencia de 30 días.
Fue apenas cuatro días después de una violenta acción coordinada por la Policía local y el grupo mafioso Guerreros Unidos contra un grupo de estudiantes de la Escuela Rural Normal (de magisterio) de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero.
Aquel suceso, ocurrido en una sangrienta noche que Iguala nunca olvidará, se saldó con seis muertos a tiros y la desaparición de 43 jóvenes, que las autoridades siguen sin encontrar pese a las intensas investigaciones y el despliegue de policías y militares por todo el territorio nacional.
Según relató Abarca en una entrevista a la emisora mexicana Radio Imagen un día antes de evaporarse, aquella noche él se encontraba en un acto público, la presentación del segundo informe de gestión del Sistema Integral para el Desarrollo De la Familia (DIF) a nivel municipal por parte de su esposa, titular del organismo.
Mientras la pareja bailaba al son de la alegre música de un concierto con el que concluyó aquel evento, que marcaba el inicio de la campaña de Pineda para reemplazar a su marido en la alcaldía, en otro punto de la población se producía la acción criminal, de la que Abarca se deslindó desde el principio de forma rotunda.
«Yo no fui el que dio la orden, mi orden fue únicamente y exclusivamente que no me tocaran a ningún estudiante y que no les pasara absolutamente nada», aseguró.
Su fuga y el testimonio de algunas de las más de cincuenta personas detenidas por este caso, entre policías a sueldo del crimen organizado y sicarios y cabecillas de Guerreros Unidos, parecen señalar todo lo contrario, al igual que varios sucesos del pasado que marcaron con sangre la trayectoria de Abarca y Pineda.
Recientemente la senadora Dolores Padierna, de la fuerza política con la que llegó al poder, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó al exalcalde de asesinar en 2013 a Arturo Hernández, dirigente de esa agrupación en la alcaldía de Iguala y adversario político.
Según una denuncia presentada ante notario por un testimonio de aquel crimen, tras ordenar que torturaran a Hernández, Abarca espetó a la víctima: «me voy a dar el gusto de matarte» y le disparó dos veces, una de ellas en la cara.
Padierna agregó que «el alcalde era el jefe de ese grupo de policías dedicados a matar».
Pero si el prontuario de Abarca es tenebroso, parecido es el de su esposa María de los Ángeles Pineda, a la que algunos sitúan como el cerebro de la red criminal ideada con su pareja y el secretario de Seguridad Pública municipal.
Según la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), un líder del grupo delictivo Guerreros Unidos detenido en las últimas semanas por este caso señaló a Pineda como «la principal operadora de actividades delictivas» desde la alcaldía, «en complicidad» con su marido y Flores.
Además, la PGR aseguró que la mujer «es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva», el cartel de los Hermanos Beltrán Leyva.
Dueño de uno de los colegios más importantes de Iguala, El Benemérito de las Américas, Abarca se dedicó en su juventud a la venta de sombreros y tuvo una joyería.
Sus negocios le permitieron construir el único centro comercial con aire acondicionado en todas sus instalaciones y varias salas de cine de ese municipio, el tercero en tamaño de Guerrero con 130.000 habitantes.
El centro comercial y su lujosa residencia fueron atacados en las últimas semanas por grupos de encapuchados en el marco de las protestas sociales generadas por la desaparición de los 43 estudiantes.