Los republicanos demandaron este viernes al Gobierno del presidente de EEUU, Barack Obama por los cambios que realizó por decreto en la reforma sanitaria para facilitar su aplicación, un día después de que anunciara medidas ejecutivas que evitarán la deportación de 5 millones de inmigrantes indocumentados.
«Una y otra vez, el presidente ha optado por ignorar la voluntad del pueblo estadounidense y por volver a escribir la ley federal por su cuenta sin el voto del Congreso», indicó el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Boehner hizo el anuncio a través de un comunicado minutos después de dar una rueda de prensa en respuesta a las medidas migratorias, que consideró han «saboteado» la posibilidad de promulgar una reforma migratoria en el Congreso.
El movimiento republicano se esperaba desde hace meses después de que la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, diera luz verde a la demanda el pasado julio, aunque, según apuntan medios estadounidenses, Boehner ha tenido problemas para encontrar una firma de abogados que representara la causa.
«Si este presidente puede salirse con la suya haciendo sus propias leyes, los futuros presidentes tendrán la posibilidad de hacerlo también», dijo el líder republicano, que enfatizó que «esta no es la forma en la que fue diseñado nuestro sistema de Gobierno».
El uso de las acciones ejecutivas, el poder que tiene el presiente de actuar por decreto en determinadas circunstancias sin autorización del Congreso, ha sido un tema de enfrentamiento entre la Casa Bnca y los republicanos, que se han referido a Obama como «emperador» y «rey» tras la toma de las medidas migratorias.
El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Eric Schultz, consideró «desafortunado» que los republicanos hayan «demandado al presidente por hacer su trabajo».
La demanda -interpuesta contra los secretarios de Salud, Sylvia Burwell, y del Tesoro, Jacob Lew- cita la decisión de Obama de emitir una orden ejecutiva en junio de 2013 para aplazar el requisito de que los empleadores ofrecieran cobertura de salud a sus empleados, que recogía la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés).
La Casa Blanca realizó una revisión adicional siete meses más tarde de la ley al indicar que los empleadores con entre 50 y 99 trabajadores a tiempo completo no tenían que cumplir con el requisito de ofrecer seguro hasta el año 2016.
Los republicanos, que ganaron la mayoría en ambas cámaras en las legislativas del 4 de noviembre, ya han advertido de que harán lo posible para derogar la ley conocida como «Obamacare» o algunas partes.
El otro aspecto de la demanda se refiere a lo que considera la «transferencia ilegal» de 175.000 millones de dólares a las compañías de seguros médicos bajo la ley para favorecer que las personas de bajos recursos tengan acceso a un seguro de salud.
Según la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO), el Gobierno pagará 3.000 millones de dólares a las compañías de seguros en el año fiscal 2014 y prevé pagar en los próximos 10 un total de 175.000 millones de dólares bajo el programa de costos compartidos, con unos fondos que no han sido autorizados por el Congreso.
Los republicanos también estudian actuar contra las medidas migratorias que beneficiarán a los indocumentados con hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes penales.
El Congreso «no se va a quedar de brazos cruzados mientras el presidente socava el imperio de la ley», advirtió Boehener.
El partido está dividido al respecto, ya que los miembros del Tea Party, el ala más conservadora, son partidarios de dejar al Gobierno sin fondos para funcionar, como ocurrió en octubre del año pasado, y varios de sus líderes prefieren medidas menos radicales, como bloquear la financiación necesaria para implementar los anuncios migratorios de Obama.