Una significativa investigación, ordenada por el Gobierno británico, indagará en varias declaraciones que vinculan a «altos cargos» y políticos, así como a la Iglesia Católica y Anglicana con décadas de abuso sexual a menores, según ha señalado su portavoz este viernes.
«Conduciremos una efectiva indagación para investigar estas alegaciones de abuso cometidas por altos cargos de la esfera pública vinculados con Westminster», ha afirmado la presidenta del proceso, Lowell Goddard.
El proceso, que contará con un presupuesto de 18 millones de libras (unos 25 millones de euros), se inició en el verano de 2014 tras conocerse una serie de casos de pederastia que se remontan a la década de los 70 y que afectan a varios políticos y celebridades. Entre los más sonados, destaca el particular de Jimmy Savile, presentador de la BBC, que abusó de cientos de niños durante décadas.
Varias instituciones han sido acusadas, en algunos casos, de intentar encubrir los cargos a través de la influencia de notorias figuras, como abogados, espías y policías. «Las investigaciones se centrarán en antiguos miembros del Parlamento, funcionarios veteranos, consejeros gubernamentales y miembros de la Inteligencia y de las agencias de seguridad», ha señalado Goddard. «Se considerarán las alegaciones de encubrimiento y conspiración», ha añadido.
Asimismo, se planea investigar a las autoridades locales, las escuelas residenciales, los centros de detención juveniles, la Iglesia Católica y Anglicana, las Fuerzas Armadas y la Oficina de Exteriores.
Los hallazgos realizados esta semana por la Comisión para la Infancia de Reino Unido sugieren que cerca de 450.000 niños sufrieron abusos sexuales entre 2012 y 2014, aunque solo uno de cada ocho han sido identificados. En un solo pueblo, situado en el norte del país, se registraron 1.400 afectados. «Los niveles de abuso de este país requieren un tratamiento cuidadoso y urgente», ha explicado Goddard.
Algunas de las doce investigaciones independientes --un número sin precedentes para Reino Unido-- tardarán 18 meses en completarse, mientras que otras se dilatarán durante años, dado que los procedimientos penales retrasarán su progreso, ha explicado la presidenta. No obstante, se estima que finalizarán antes de 2020.