El Gobierno de Estados Unidos tildó este sábado de «indignante» la suspensión temporal dictada por un juez federal del veto migratorio del presidente Donald Trump, y adelantó que sus abogados apelarán esa decisión.
«El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente», apuntó la Casa Blanca en un comunicado.
La Casa Blanca recordó en su texto que el presidente «tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses» y que la orden que aprobó hace una semana «tiene como objetivo proteger al país».
El juez federal James Robart bloqueó esta tarde con efecto inmediato sobre todo el país la polémica prohibición adoptada por Trump el viernes de la semana pasada a la entrada de inmigrantes procedentes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia. Esa suspensión rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior decida levantarla.
El fallo de Robart respondió a una demanda que habían interpuesto los estados de Washington y Minesota, ambos con fiscales demócratas.
Donald Trump reaccionó a la decisión judicial con este mensaje en su cuenta de Twitter: «¡Tenemos que mantener al 'diablo' alejado de nuestro país!». El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo por su parte que la decisión judicial demuestra que ni siquiera el presidente está por encima de la ley.
«La ley es algo poderoso. Tiene la capacidad de pedir cuentas a todo el mundo, y eso incluye al presidente de los Estados Unidos», dijo Ferguson, que había calificado el veto de Trump de inconstitucional e ilegal al interponer la demanda.
Trump suspendió durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de los países mencionados y durante otros 120 días el programa de acogida de refugiados.
El Departamento de Estado aseguró este sábado que se han cancelado cerca de 60.000 visas de extranjeros provenientes de los siete países de mayoría musulmana después de la entrada en vigor del veto migratorio.