La Comisión Europea ha planteado este miércoles crear un mecanismo para suspender, reducir o restringir el acceso a los fondos europeos a países de la UE en los que existan "deficiencias" del Estado de derecho, como aprobar reformas que pongan en riesgo la independencia judicial de un Estado miembro.
Esta propuesta forma parte del nuevo marco financiero plurianual (MFF) que ha presentado el Ejecutivo comunitario para el periodo 2021-2027 y debe ser ahora negociada por los socios comunitarios y el Parlamento Europeo.
"El respeto del Estado de derecho es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE", explica Bruselas en un comunicado. En consecuencia, ha propuesto un mecanismo para "proteger el presupuesto de la UE frente a riesgos financieros vinculados a deficiencias generalizadas del Estado de derecho".
En concreto, esta regulación permitiría suspender, reducir o restringir el acceso a los fondos comunitarios "de manera proporcional a la naturaleza, la gravedad y el alcance" de deficiencias del Estado de derecho. Entre ellas, cita reformas que pongan en peligro una actuación judicial efectiva de tribunales independientes.
También prevé restricciones en casos en los que se amenace el desarrollo de investigaciones contra el fraude y la corrupción relacionados con fondos europeos, la prevención y las sanciones contra estos delitos o la cooperación "efectiva" con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OALF) y la Fiscalía europea.
La medida, además, afectará a todos aquellos fondos de gestión compartida y aquellos que de manera directa o indirecta están gestionados por una entidad pública, ya sea nacional, regional, o local, así como entidades privadas con una misión de servicio público. Sin embargo, no afectará a beneficiarios individuales.
En una rueda de prensa, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha negado que este mecanismo esté dirigido a Polonia, país con el que Bruselas mantiene conversaciones desde diciembre del año pasado por las reformas del sistema judicial emprendidas por Varsovia.
"Se aplica a todos los Estados miembros, no 'a priori' a Polonia o a otro país. No es una cuestión polaca, es una cuestión general", ha zanjado el luxemburgués.
En cualquier caso, será el Ejecutivo comunitario quien recomendará la aplicación este mecanismo a un país concreto, que tendrá un tiempo específico de no más de un mes para dar explicaciones. Si no son convincentes, Bruselas impondrá la suspensión de los fondos europeos, que deberá ser después adoptada por los Estados miembros. Las medidas seguirá en vigor hasta que el país afectado solucione las deficiencias identificadas.