La comunidad internacional ha emitido este lunes un llamamiento unánime a favor de la liberación de los dos periodistas birmanos de la agencia británica de noticias Reuters condenados a siete años de cárcel por supuestamente desvelar secretos de Estado durante su cobertura de la crisis de los rohingya en el estado de Rajine.
El juez de distrito Ye Lwin ha indicado que «los acusados han vulnerado la Ley de Secretos Oficiales de 1923 y por ello deben ser condenados a siete años de cárcel». «El tiempo que han permanecido encarcelados desde el 12 de diciembre se tendrá en cuenta», ha fallado el juez.
Los dos periodistas, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de 32 y 28 años, han denunciado que fueron detenidos después de que varios agentes de la Policía les ofrecieran una serie de documentos durante una cena a las afueras de Rangún, lo que han tildado como una «trampa» para encarcelarlos.
Los periodistas de Reuters estaban en Birmania para cubrir la crisis de los rohingya. Más de 400 han muerto y más de 700.000 han huido a Bangladesh a causa de la operación militar puesta en marcha por el Gobierno contra esta minoría en represalia por un ataque perpetrado el pasado 25 de agosto por insurgentes rohingya contra las fuerzas de seguridad.
La masacre investigada por ambos periodistas fue reconocida posteriormente por el Ejército, y un total de siete soldados han sido condenados a diez años de cárcel por su participación en la misma.
«Como ha dicho nuestro embajador en Birmania, que ha estado presente en la vista, estamos extremadamente decepcionados con este veredicto y sentencia», ha dicho un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, según ha recogido la propia agencia.
«Pedimos que los periodistas sean liberados inmediatamente. En cualquier democracia los periodistas deben ser libres para llevar a cabo su trabajo sin miedo ni intimidaciones. Este veredicto mina la libertad de los medios en Birmania», ha resaltado.
RESPUESTA DE LA ONU, LA UE Y EEUU
En esta misma línea se han pronunciado defensores de los Derechos Humanos, así como la Unión Europea, Naciones Unidas y países como Estados Unidos, Canadá y Australia, que han instado a las autoridades birmanas a poner en libertad a los dos periodistas.
Scot Marciel, el embajador estadounidense en el país asiático, ha expresado que la decisión es «profundamente preocupante para todos aquellos que han luchado por la libertad de prensa en el país» y ha expresado que está «triste por Wa Lone y Kyaw Soe Oo, así como sus familias, pero también por Birmania».
«Creo que uno tiene que preguntarse si este proceso aumentará o disminuirá la confianza del pueblo birmano en su sistema judicial», ha añadido.
Por otra parte, el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Birmania, Knut Ostby, ha destacado que una «prensa libre es esencial para la paz, la justicia y los Derechos Humanos de todos» y ha mostrado su «decepción» ante el veredicto emitido.
«Naciones Unidas ha instado a que se ponga en libertad a estos dos periodistas y ha pedido a las autoridades que respeten su derecho a la libertad de expresión e información. Wa Lone y Kyaw Soe Oo deberían tener la opción de volver junto a sus familias y continuar trabajando como periodistas», ha señalado.
Asimismo, la Unión Europea ha criticado este lunes la condena y ha reclamado que su caso sea revisado y los encarcelados puestos en libertad.
«La sentencia mina la libertad de prensa, el derecho a la información y el desarrollo del Estado de derecho en Birmania», ha indicado un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE que dirige la Alta Representante europea, Federica Mogherini.
LLAMAMIENTOS DE LAS ONG
En este sentido se ha expresado también Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha criticado las sentencias y ha reclamado la liberación inmediata de los periodistas.
Así, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, ha hablado de «terrible golpe para la libertad de prensa en Birmania», antes de argumentar que «el sistema de justicia ha seguido órdenes claramente».
Por ello, ha pedido a los líderes del país, entre ellos Aung San Suu Kyi, la líder 'de facto' de Birmania, que libere a los periodistas, al tiempo que ha explicado que «su único crimen fue hacer su trabajo».
A las críticas se ha sumado Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (HRW), quien ha manifestado que «estas sentencias suponen un nuevo mínimo para la libertad de prensa y un nuevo retroceso de los derechos bajo el Gobierno de Suu Kyi».
«Esta indignante condena muestra la voluntad de los tribunales de Birmania para silenciar a los que informan sobre las atrocidades del Ejército», ha lamentado.
Por su parte, Tirana Hassan, directora para respuesta ante crisis de Amnistía Internacional ha pedido que las sentencias sean revocadas y que los periodistas «sean liberados de forma inmediata e incondicional».
«Esta decisión motivada políticamente tiene ramificaciones significativas para la libertad de prensa en Birmania. Envía una firme advertencia a otros periodistas sobre las graves consecuencias que les esperan si analizan de cerca los abusos del Ejército. Esto equivale a censura a través del miedo», ha criticado.
Shwan Crispin, representante del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) para el sureste de Asia, ha argüido que el fallo «supone un nuevo mínimo para la libertad de prensa en Birmania».
«El proceso que ha resultado en su condena es una farsa de la justicia y llevará a Birmania a ser un paria antidemocrático mientras sigan injustamente entre rejas. Pedimos a las autoridades civiles de Birmania que liberen inmediatamente a los periodistas», ha zanjado.
ACUSACIONES CONTRA EL EJÉRCITO
Las sentencias han sido formuladas cerca de una semana después de que investigadores de la ONU reclamaran que los principales responsables del Ejército de Birmania sean investigados y procesados por genocidio en Rajine, así como por los crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos no solo en este estado sino también en los estados de Kachin y Shan, donde están activos grupos armados étnicos.
Así se desprende del resultado de la investigación llevada a cabo por la Misión Internacional Independiente creada en marzo de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual encontró pautas de graves violaciones y abusos de los Derechos Humanos en estos tres estados que «sin lugar a dudas equivalen a los crímenes más graves en virtud del Derecho Internacional».
«La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, la violación en grupo de mujeres, la agresión a niños y la quema de localidades enteras», sostienen los miembros de la misión de investigación.
Según ellos, las tácticas llevadas a cabo por el Ejército birmano, el Tatmadaw, «son enormemente desproporcionadas con respecto a las actuales amenazas de seguridad, especialmente en Rajine, pero también en el norte de Birmania», donde se encuentran Kachin y Shan.
Los investigadores de la ONU consideran que «son chocantes por el nivel de negación, normalidad e impunidad que va unido a ellas». «El desprecio del Tatmadaw por la vida humana, la integridad y la libertad y por el Derecho Internacional en general debería ser motivo de preocupación para toda la población», añaden.
En concreto, los investigadores han identificado que en Kachin, Shan y Rajine se han cometido crímenes contra la Humanidad que incluyen asesinato, encarcelamiento, desapariciones forzosas, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución y esclavitud.