Este domingo se cumple el 60 aniversario de la huída al exilio desde Tíbet del Dalai Lama después de un levantamiento fallido contra el Gobierno chino; seis décadas durante las que China ha gobernado la región con puño de hierro, denunciando constantemente al religioso como un peligroso separatista disfrazado bajo el semblante de un hombre de paz que solo pide una autonomía para la que considera su patria.
Desde el siglo XV, el reino budista evolucionó a un estado religioso liderado por el Dalai Lama y con Lhasa como capital. En 1950, la recién fundada República Popular de China invadió la región del Tíbet y en 1965 estableció la llamada Región Autónoma del Tíbet. Ante el temor de los tibetanos a que su líder fuera secuestrado, en el 10 de marzo de 1959 se desató una revuelta en la que el líder espiritual tibetano y sus seguidores consiguieron abandonar la región y exiliarse en India.
Este aniversario sucede en medio de un intento diplomático para alterar ligeramente la situación. Esta misma semana, el Senado de Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Acceso Recíproco a Tíbet, una iniciativa para promover el acceso a la región de diplomáticos norteamericanos, periodistas y otros ciudadanos.
El presidente del país, Donald Trump, todavía no la ha ratificado, pendiente como está de la evolución de las duras negociaciones comerciales con China, que ya ha condenado la inciativa como «una injerencia en los asuntos internos de China», merecedora de las «fuertes protestas» que sus diplomáticos ya han presentado al respecto ante sus homólogos en Washington.
China recuerda que la entrada a Tíbet dista de ser imposible, y que permite cada año la entrada allí de miles de turistas e incluso de políticos extranjeros, pero las circunstancias ahora mismo son diferentes. Ahora mismo la entrada en la región está cerrada hasta el 1 de abril, según han podido constatar las agencias de viajes con sede en la ciudad china de Chengdu, el principal punto de partida para las visitas a Tíbet.
DETERIORO DE LA SITUACIÓN HUMANITARIA
El grupo de estudios Freedom House coloca a Tíbet como una de las zonas del mundo con menores derechos y libertades. «A los residentes de etnia china y tibetana se les niegan los derechos fundamentales, pero las autoridades son especialmente rigurosas en la supresión de cualquier signo de disidencia entre los tibetanos, incluidas las manifestaciones de creencias religiosas y de identidad cultural exclusivamente tibetanas», apunta el grupo.
«Las políticas estatales», prosigue, «alientan la migración a otras partes de China, reduciendo la participación de la población étnica tibetana». Esta valoración es compartida por la inmensa mayoría de las agencias internacionales y Naciones Unidas. Su Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló el verano pasado un «rápido deterioro» de las condiciones humanitarias.
Este deterioro coincide, según la histórica campaña de Save Tibet, con un aumento del control ejercido por las autoridades chinas sobre la región, cuyo aniversario han elegido precisamente para introducir «un nuevo elemento de autoritarismo": el reconocimiento facial y el control en tiempo real en los taxis en la capital, Lhasa. «Incluso en un taxi, las autoridades podrán seguir cada conversación y el movimiento de personas en la capital histórica y cultural del Tíbet», añade.
«Durante este período las autoridades chinas han hecho particularmente peligroso que los tibetanos se comuniquen con el mundo exterior, y existen severas restricciones de información en el contexto de una escalada constante en su control sobre todo Tíbet y la imposición de una vigilancia total», añade.