El Consejo y el Parlamento Europeo han llegado este miércoles a un acuerdo sobre el establecimiento de la nueva autoridad europea para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AMLA), que garantizará la aplicación efectiva de las normas antiblanqueo de la UE y que España quiere para Madrid, aunque este pacto no incluye la sede de la futura agencia, sobre la cual continuarán las discusiones.
La AMLA, pieza central de un paquete más amplio para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, supervisará el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio y a las entidades financieras de mayor riesgo --aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembro--. También tendrá fuertes poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir la tarea.
La nueva autoridad también actuará como coordinadora de las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizar la convergencia de las prácticas de supervisión. Sobre la base de una propuesta del Parlamento, AMLA también tendrá la tarea de mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales.
Además, AMLA apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular apoyando el análisis conjunto y la gestión del sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Dadas las conexiones entre AMLA, el organismo ejecutor y las reglas que hará cumplir, los colegisladores también han llegado a un acuerdo provisional sobre elementos del paquete más amplio contra el lavado de dinero.
Los negociadores han acordado varios puntos horizontales que armonizarán las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y ayudarían a los Estados miembro a aplicarlas de una manera más uniforme y consistente.
Las nuevas disposiciones incluyen la creación de canales de denuncia para recibir y manejar información sobre infracciones y la protección de los denunciantes, así como una cooperación efectiva entre las UIF nacionales y la AMLA.
En cuanto a la ciudad sede de la nueva agencia, esta será acordada por primera vez entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario. Los colegisladores tienen intención de celebrar audiencias con los candidatos que hayan manifestado su interés y continuarán las negociaciones para acordar el procedimiento de selección de escaños.
El texto del acuerdo provisional ahora será finalizado y presentado a los representantes de los Estados miembro y al Parlamento Europeo para su aprobación, paso previo a la adopción formal de los textos.