La palabra «garífuna» hace referencia a la mezcla cultural y genética de arahuacos, caribes insulares y negros africanos esclavos en las Antillas que los ingleses deportaron de la isla de San Vicente a Roatán, en 1797, que más tarde se extendieron por la costa atlántica de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua.
Los primeros datos oficiales de la existencia de estas comunidades datan de aquel año, 1797, 24 años antes de la fundación de la República de Honduras. Se trata de uno de los pueblos originarios del Caribe que desde hace años viene luchando arduamente para recuperar las tierras que por derecho les pertenecen. Durante todos estos años han denunciado acoso y violencia, violaciones e intentos de judicialización de su causa.
Las tierras del Caribe son apetitosas. Especialmente para los grandes hoteleros, como por ejemplo el empresario canadiense Randy Jorgensen, apodado por sus compatriotas como «el rey del porno». En la Bahía de Trujillo, en Honduras, «compró» tierras comunales garífunas durante la narcodictadura del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión. El «rey del porno» ha sido acusado de estafa en su país.
La ley de Propiedad del convenio número 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales establece que «ninguna autoridad podrá expedir o registrar título a favor de terceros en tierras comunales», como las tierras garífunas. A lo largo de la historia, numerosas generaciones de empresarios han intentado mediante medios ilícitos despojar a los pueblos originarios a migrar hacia las montañas, donde no hay tierras para cultivar ni peces que pescar. Para un pueblo donde la soberanía alimentaria constituye la base de su identidad, arrinconarlos en la selva virgen supone una sentencia de muerte. Para ello, los empresarios se valen de amenazas o de causas judiciales. Algunos miembros de la comunidad garífuna acumulan decenas de causas o están en busca y captura por resistir al irrefrenable apetito de las compañías extranjeras.
Y aquí es donde entran los reality shows europeos que simulan una isla «desierta» y sin vida, como Supervivientes. En un reportaje publicado por el diario El Salto detallan cómo la Fundación Cayos Cochinos, el ente encargado de preservar la fauna marina de la zona, y la Sociedad de Inversiones Ecológicas, dueña del territorio donde se graba el programa, comparten presidente. En teoría, ambas son las encargadas de velar por la conservación del medio ambiente. En la práctica, ejercen de matones para expulsar a los pescadores mar adentro, donde se juegan la vida, y no dejarlos desembarcar en la costa cuando se viene el temporal. Esfuerzos de prestidigitadores para preservar la ilusión de una isla «desierta», idea central del concurso Supervivientes.
Los garífunas llevan años denunciando abusos y amenazas. La acción de protesta que recientemente ha encendido el debate en las redes sociales y en la televisión es solamente la punta del iceberg de una lucha tan antigua como la República de Honduras.
EN SERIOSi, en Ibiza por ejemplo ..... 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣