La Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda del Parlamento Europeo ha dado luz verde a un paquete de propuestas destinadas a afrontar la grave crisis de vivienda que sufre la Unión Europea. Las medidas aprobadas buscan incrementar la oferta residencial, eliminar obstáculos burocráticos y asegurar un acceso digno, sostenible y económicamente viable a la vivienda en todos los Estados miembro. La votación registró 23 votos favorables, seis en contra y cuatro abstenciones.
El informe final, que será debatido en el pleno durante marzo, pretende influir en el plan europeo que la Comisión presentó en diciembre, centrado en movilizar recursos tanto públicos como privados, fortalecer el parque social de viviendas e impulsar la construcción en toda la UE. La Eurocámara subraya que la falta de vivienda representa la forma más grave de pobreza y exclusión social, atribuyendo la crisis a años de construcción insuficiente y a un persistente desequilibrio entre oferta y demanda. Los alquileres han aumentado un 28,8% desde 2010, mientras que los precios de compraventa subieron un 60,5% en el mismo periodo.
El eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, principal responsable del texto, ha señalado que «el informe sitúa la oferta de vivienda en el centro de la respuesta, reconociendo la necesidad de facilitar la construcción de unos 10 millones de viviendas adicionales en toda Europa». Según su valoración, el documento adopta «un enfoque equilibrado» que «refuerza la protección de la propiedad privada, aporta seguridad jurídica y crea el marco adecuado para la inversión», respetando al mismo tiempo la diversidad de los sistemas nacionales de vivienda.
Prioridad a ampliar el parque residencial
El Parlamento Europeo plantea como objetivo principal ampliar el parque residencial y acelerar tanto la construcción como la rehabilitación de viviendas. Para ello, propone reducir cargas administrativas y establecer un plazo máximo de 60 días para conceder permisos relacionados con proyectos sostenibles y asequibles. Esta medida busca agilizar los trámites que actualmente ralentizan el desarrollo de nuevas promociones habitacionales.
Regulación de alquileres turísticos y ayudas fiscales
El informe reclama que la futura normativa europea sobre alquileres de corta duración, que el Ejecutivo comunitario presentará este año, encuentre un equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda. El objetivo es garantizar que la expansión de este tipo de arrendamientos no deteriore la asequibilidad en las ciudades más tensionadas. Asimismo, los eurodiputados piden a los Veintisiete establecer un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda, con incentivos a la renovación y a la nueva construcción, como la aplicación de tipos superreducidos de IVA, y eliminar barreras para los compradores primerizos y el alquiler de larga duración.
Refuerzo industrial y mejora de condiciones laborales
El texto plantea reforzar la capacidad industrial de la Unión en el sector de la edificación y la rehabilitación, impulsando el uso de materiales y soluciones innovadoras y sostenibles. Los eurodiputados piden fortalecer el mercado europeo de materias primas e incorporar requisitos mínimos de origen europeo en los proyectos financiados con fondos de la UE. Además, solicitan que la futura estrategia europea incluya mejoras en las condiciones laborales, con más formación y salarios adecuados, facilite el reconocimiento de cualificaciones profesionales entre Estados y, cuando sea necesario, permita atraer trabajadores cualificados de terceros países para cubrir la falta de mano de obra.
Posición del Grupo Socialista
El Grupo Socialista, que también ha respaldado la iniciativa, ha celebrado que el informe incorpore avances como el refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza y medidas para combatir la especulación y mejorar la transparencia. Sin embargo, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) ha advertido de que el texto está «lejos» de ser el resultado que les gustaría y ha lamentado que la negociación haya estado marcada, a su juicio, por «un enfoque excesivamente orientado al mercado». Con todo, ha justificado el apoyo socialista porque «la gente espera que Europa actúe», aunque ha subrayado que su respaldo «no es un cheque en blanco».
Plan de choque de vivienda en Baleares
El Govern balear tiene el objetivo de impulsar más de 1.200 viviendas públicas con un presupuesto global de 228 millones de euros, en el marco del Plan de Choque de Vivienda. La gran mayoría de las nuevas promociones iniciarán las obras de construcción durante este 2026 y se trata de la mayor etapa de construcción simultánea de vivienda por parte del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). En esta primera fase se tramitan 47 promociones con una previsión de 613 viviendas públicas en Mallorca en 29 promociones; 248 en Menorca en once promociones; 292 en Ibiza en seis promociones, y 60 viviendas en Formentera en una nueva promoción.